Los convenios fueron suscriptos por Righi con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que trabajen en conjunto con la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de la fiscal federal Sabrina Namer.
La Procuración y ACIJ acordaron “incrementar o generar conocimiento público sobre los estándares y prácticas relativas a la investigación de posibles hechos de corrupción” y la ONG dará a los fiscales capacitación y asistencia que “contribuya en sus actividades relativas a la investigación penal y remover obstáculos que limitan el progreso y la eficacia de las investigaciones de posibles hechos de corrupción”.
También el convenio regula la realización de estudios de diagnóstico y documentos de análisis, la formulación de propuestas y recomendaciones, el establecimiento de redes de cooperación y provisión de asistencia académica y técnica y la realización de cursos y talleres.
En el mismo sentido acordaron trabajar la Procuración y el CIPCE: intercambiarán información a través de material bibliográfico, bancos de datos y otros que resulten de mutuo interés; elaborarán programas de monitoreo y seguimiento permanente del estado procesal de las causas de corrupción y delitos económicos en trámite; realizarán estudios de cuantificación del perjuicio ocasionado a las arcas públicas por casos de corrupción; y también elaborarán bases de datos complejas para el entrecruzamiento de información y reconstrucción de redes criminales funcionales a la corrupción y el delito económico.
Ambas instituciones acordaron que el trabajo en conjunto buscará “el mejoramiento de los niveles de desempeño del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos vinculados a la corrupción y la criminalidad económica, con especial interés en todo lo referente al desarrollo de programas de fortalecimiento de las capacidades de investigación financiera de delitos y la recuperación de activos de origen ilícito”.
En ese convenio, Righi y Alberto Binder, miembro del Comité Directivo del CIPCE, reconocieron que “la persecución de los delitos de corrupción y criminalidad económica por parte de los actores del sistema de justicia no logró resultados exitosos en los últimos años, situación evidenciada en el altísimo nivel de mora judicial de las investigaciones en curso y el magro nivel de condenas dictadas por estos delitos”.
Las partes agregaron que también hay un “elevado perjuicio económico producido por la corrupción” que golpea los derechos humanos de las personas por lo que “se necesitan mayores esfuerzos institucionales para el desarrollo de acciones tendientes a reparar el daño social causado”.
“El desempeño del sistema tampoco logró resultados favorables en materia de embargos y decomiso de bienes en los casos de condenas dictadas”, concluyeron.