Quienes integran la Comisión, Gabriel Vega, Liliana Blasi y María Teresa Moya, sostuvieron que el descargo de la magistrada no rebatía los argumentos presentados en la denuncia, por lo que existen pruebas suficientes para que en el expediente “SCD s/ denuncia efectuada por el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA”, Parrilli sea sometida a juicio. Puesto que la actitud de la jueza es contraria a la que deben tener los magistrados.
La titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la ciudad, días atrás pidió disculpas por llamar “tontitas” y discriminar por “morochas” a dos empleadas. No obstante, los integrantes de la comisión consideraron correcto el encuadre de la denuncia pues se le imputa mal desempeño.
Lo que está contemplado en el artículo 122 de la Constitución de la Ciudad como uno de los causales de remoción, junto con la comisión de delitos dolosos, la negligencia grave, la morosidad en el ejercicio de sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica.
El presidente de la comisión, Gabriel Vega, pidió que el tema sea tratado en la reunión plenaria de este jueves y dijo en declaraciones a la prensa que “los hechos que están en el video revisten la suficiente gravedad para afectar el decoro que la investidura de un magistrado tiene y que, además, tienen la entidad suficiente para provocar el proceso de juicio político”.
En el plenario de consejeros se puede confirmar el inicio del juicio político u optar por aplicarle a Parrilli una sanción disciplinaria o rechazar la denuncia. En caso de que el dictamen aprobado este martes tenga el visto bueno del plenario, Parrilli será sometida a juicio por un jurado compuesto por nueve miembros, tres legisladores, tres abogados y tres jueces.
Además para la remoción de la magistrada se necesitaría el voto de, por lo menos, cinco de los nueve integrantes. Tal como lo consigna la Constitución de la Ciudad “el fallo será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad y sólo tendrá por efecto destituir al magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle”.
Causa penal que sigue su curso y en la que el fiscal Ángel Carestia pidió que sea elevada a juicio por los delitos de amenazas y discriminación que prevén penas máximas de prisión de hasta dos y tres años.