Un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron la iniciativa que anunció el ministro de Seguridad de la provincia, Carlos Stornelli. El objetivo del proyecto, como en tantos otros casos se anunció, es luchar contra la inseguridad.
Según pudo saber Diariojudicial.com los siguientes son algunos de los puntos del proyecto.
* El Código sanciona contravenciones pero también “La acción por la comisión de contravenciones es pública y debe el personal policial proceder de oficio. Las denuncias pueden ser formuladas en forma verbal o escrita ante la autoridad policial o juez competente”, establece uno de los artículos.
* Las contravenciones son contra la seguridad de las personas (provocar o incitar peleas en la calle, golpear o maltratar), contra el patrimonio (quien tenga elementos para abrir o forzar cerraduras, quien pegue carteles en edificios o monumentos), contra la moralidad pública y la buenas costumbres (el que mendigue en forma anemazante, las personas que duerman en plazas, bosques o lugares descampados), contra la tranquilidad y el orden público (quien en un lugar público “se reuniere tumultuosamente, insultare, intimidare o provocare de cualquier manera”.
* Las contravenciones también son contra la autoridad (quien no concurra a una citación judicial para aportar datos), contra la fe pública (quien publicite falsamente su profesión), contra el medio ambiente y contra menores de edad.
* En todos los casos las sanciones van desde multa, arresto, tareas comunitarias, hasta el decomiso, clausura e inhabilitación. Uno de los artículos establece que la persona que reciba una multa y no la pueda pagar, la pena será cambiada por el arresto.
* Las contravenciones serán competencia de los jueces contravencionales de cada jurisdicción. Como auxiliares de los magistrados actuará la Policía Bonaerense y el Ministerio de Seguridad podrá ser querellante en las causas que se inicien.
* El proyecto crea los juzgados contravencionales y fija que serán designados por el Gobierno provincial “con participación de los órganos democráticos de cada Municipalidad” y durarán en el cargo cinco años.
“Este proyecto es peor que la Ley de Faltas actual, que es de la dictadura. Con esto se busca atacar el aspecto superficial de la inseguridad. En vez de ir contra las estructuras policiales corruptas, se ataca a los más vulnerables. Se busca sacarlos de las calles”, opinó Cañón.
La iniciativa también fue criticada por el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín. “Con esta nueva ley, no va a haber una disminución de los delitos ni de la violencia de los mismos como tampoco va a transformarse el mapa de la vulnerabilidad ni de la victimización. Pero le va a permitir al gobernador ‘surfear’ la demanda construida política y mediáticamente en favor de una respuesta punitiva exacerbada contra las villas miserias, los asentamientos marginales y sus ocupantes, para los que sólo parece caber la economía del crimen, la regulación policial del mismo y la cara represiva ilegal que siempre sirvió para ‘contenerlos`", sostuvo.
El proyecto todavía no ingresó al Poder Legislativo para su tratamiento.