La propuesta, que ya está siendo estudiada por referentes de la oposición y del oficialismo, vislumbra un Consejo de la Magistratura con 18 integrantes: un ministro de la Corte Suprema de Justicia, 4 jueces, 6 legisladores (3 de cada una de las cámaras), 4 abogados, 1 representante del Ejecutivo y 2 académicos.
La conformación es igual a la de la ley 24.937 pero sin la segunda minoría parlamentaria, que antes de la reforma de 2006 era ocupada por legisladores del ARI.
El documento, al que tuvo acceso DiarioJudicial.com manifestó la necesidad de una “composición equilibrada del Consejo de Magistratura a través de la adecuada representación de los órganos políticos, de los jueces, de los abogados y del mundo académico”.
“Este concepto de equilibrio –añadió el documento- no es una mera recomendación, sino una regla esencial que rige la integración del Consejo”.
Los abogados que se reunieron en la UCA a fines de septiembre aconsejaron, para el Jurado de Enjuiciamiento “volver al régimen anterior, de jurado estable, limitando sus estructuras burocráticas, creando una única secretaria general de apoyo para todas las categorías de miembros del Jurado”.
El abogado Alfredo Vítolo, uno de los impulsores de la reforma sugirió que la nueva ley fijara la integración y los reglamentos internos “para no estar cambiándolos todo el tiempo”.
Vítolo sostuvo que con la composición de 13 integrantes “se modificó el equilibrio interno”, pues antes de 2006 había 9 políticos sobre un total de 20 y en la actualidad hay 7 sobre 13 consejeros, lo cual, para muchos opositores implica un “poder de veto”.
Los letrados también propusieron “dar progresivamente mayor relevancia a la Escuela Judicial” y “estudiar la posibilidad de que puedan realizarse concursos en previsión de futuros cargos a cubrir en vista de la experiencia negativa de la gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial que no han podido cubrirse en tiempo razonable”.
Este fin de semana trascendió que la oposición (que el jueves pasado logró, por primera vez en seis años, dar quórum propio en la Cámara de Diputados) prevé aprobar leyes vinculadas con “temas institucionales” que son los que producen mayor consenso, entre ellos reformas al Indec y al organismo que selecciona y sanciona a los jueces.
La ley 26.080, aprobada por el kirchnerismo en febrero de 2006, fue criticada en duros términos por la oposición, por académicos y abogados. Incluso algunos la tacharon de inconstitucional.
La iniciativa de la UCA se suma a otra presentada en julio de este año por la Federación Argentina de Colegios de Abogados que propuso (a raíz de una iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires) un Consejo de 11 miembros, con más representación de letrados y que esté presidido por un juez de la Corte Suprema.
A la propuesta de la UCA adhirieron Jorge Vanossi (Presidente Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas), Ricardo Gil Lavedra (juez del juicio a las juntas y diputado por la UCR), Ricardo Recondo (Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional) y Luis Cabral, presidente electo del Consejo de la Magistratura, entre otros más de 20 abogados.