El Máximo Tribunal también envió la causa al fiscal general “ante la probable comisión de hechos ilícitos que pudiera haber cometido en el ejercicio de su cargo” la magistrado y dispuso iniciarle un sumario administrativo. Además, la exhortó a “abstenerse de dictar medidas cautelares improcedentes contra el Estado u organismos Nacionales y ajustar el trámite de las causas que se encuentran bajo su jurisdicción a las normas constitucionales, legales y reglamentarias de la función judicial”.
La denuncia se produjo tras una inspección en el juzgado de Duarte. Allí se detectaron un “elevado número de medidas cautelares en materia de Amparos contra la Nación cuyo objeto era el reconocimiento de diferencias salariales por la aplicación incorrecta de varias disposiciones de carácter nacional”, explicó el STJ a través de un comunicado.
“La presunta irregularidad consistía en tramitar demandas ya sea bien como Amparos (fuero civil) o bien como Acción por Cobro de Pesos (fuero laboral) cuando las causas eran de igual tenor, las pretensiones eran idénticas, se atacaban los mismos actos y los escritos eran iguales, cambiando sólo los datos de los actores. Los abogados apoderados eran en la mayoría de los casos, también los mismos”, agregaron.
La maniobra, según la denuncia, a la que accedió Diariojudicial.com consistía en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley de Amparos, ordenada al Estado a pagar las liquidaciones y luego se declaraba incompetente y enviaba la causa al juzgado federal de Paso de los Libres. En total, la magistrada tramitó 102 amparos contra el Estado Nacional.
A eso se sumó que la jueza habilitó a un ex juez federal a ejercer la profesión de abogado en la Justicia de Paso de los Libres; la retención indebida de expedientes federales; la regulación de honorarios sin determinación de la condición de los profesionales ante la AFIP; la omisión de pago de sellado de actuaciones e impuesto; expedientes sin asentamientos ni anotaciones en el libro de Mesa de Entradas y Salidas; e incumplimiento de sentencias dictadas por el STJ, entre otros irregularidades.
Por eso el Máximo Tribunal denunció a la jueza de cuatro cargos: “falta de idoneidad y eficiencia en el desempeño de su función, ya que habría actuado con desconocimiento de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo”; “desconocimiento y violación de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la función que desempeña y de las normas de competencia”; “incuria, negligencia o desaprensión respecto del servicio de justicia que le fuera confiado”; y “abuso de su función de juez, al impartir órdenes y disponer procedimientos improcedentes y ordenar la diligencia de comunicaciones y trámites no ajustados a los procedimientos pertinentes con clara inobservancia de las normas legales y reglamentarias de la materia, que pudieron llevar a crear la imagen de situaciones y tramitaciones anómalas e irregulares”.
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General fue firmada en la resolución 416 del STJ por los jueces Carlos Rubín, Guillermo Semhan, Juan Carlos Codello y Fernando Niz.