El Tercer Programa de DDHH prevé la creación de una Comisión de Verdad para investigar los crímenes de la dictadura (1964-1985), la despenalización del aborto y del matrimonio gay y la creación de comisión para controlar si los medios de prensa respetan los Derechos Humanos.
El ministro de Defensa, Nelson Jobim y el secretario de Derechos Humanos Paulo Vannuchi se enfrentaron públicamente por los alcances del proyecto. A fines de diciembre, Jobim y los comandantes del Ejército, Enzo Martins Peri, y de la Aeronáutica, Juniti Saito amenazaron con presentar sus renuncias. Este fin de semana, en una entrevista a un medio brasileño, el secretario Vannuchi también dijo que dimitiría si no se declara la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía, dictada en 1979, en pleno proceso militar.
En el conflicto terció Lula, que este miércoles aprobó un decreto que modificó la redacción original –que establecía que la Comisión por la Verdad investigara los crímenes “cometidos en el contexto de la represión política”- por otra más sutil que pide investigar las violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, se mantuvo la prohibición de que las calles, plazas o monumentos lleven los nombres de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Según el decreto, la Comisión será integrada por representante de la Casa Civil y de los ministerios de Justicia, Defensa, la secretaría de Derechos Humanos y un representante de la sociedad civil.
Lo que las FFAA y Jobim pedían era que se investigara no sólo a los militares, sino también a los grupos que se enfrentaron al régimen dictatorial. Esa propuesta generó el rechazo de organizaciones humanitarias en el país y del secretario de Derechos Humanos.
En declaraciones a la prensa brasileña, Vannuchi subrayó que no se pueden igualar los torturadores (militares) y torturados, pues los primeros actuaron ilegalmente con el respaldo del Estado y los segundos ya fueron juzgados, arrestados, desaparecidos o asesinados. En los 21 años de la dictadura en Brasil hubo alrededor de 400 asesinados o desaparecidos.
La posible despenalización del aborto también generó críticas, en especial de la cúpula de la Iglesia Católica. El Tercer Programa de DDHH establece “apoyar la aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto, considerando la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos”. Algunos grupos pidieron suprimir la palabra “autonomía”. También hay propuestas para el matrimonio entre homosexuales.
El Tercer Programa de DDHH también fue criticado por el ministro de Agricultura Reinhold Stephanes y la Confederación Nacional de Agricultura pues propone la celebración de audiencias públicas ante un juez antes de desalojar invasores de propiedades. Según Stephanes, la medida crearía inseguridad jurídica y favorecería a grupos como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra.
También algunas organizaciones de prensa calificaron como “amenazas a la libertad de expresión” la iniciativa de crear comisiones para evaluar si los medios de comunicación respetan los derechos humanos.
En favor de la propuesta, se pronunciaron la Orden de los Abogados de Brasil (que respaldó a Vannuchi) y la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas y Transexuales.
Según analistas políticos brasileños, el Tercer Programa de DDHH refleja el programa de gobierno elaborado por el ala izquierda del Partido de los Trabajadores (PT), en 2002, meses antes de las elecciones en las que Lula fue electo presidente.
El entonces candidato rechazó ese programa con su famosa Carta al Pueblo de Brasil, en la que se comprometía, si era elegido, a mantener la política económica neoliberal de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, y ofrecía todo tipo de garantías jurídicas y políticas sobre la propiedad privada, la libertad de expresión y la defensa de las instituciones democráticas.
La duda que surge es por qué se reinstaló esta idea ahora, cuando Lula tiene más del 80 por ciento de popularidad y en las elecciones presidenciales de octubre, el PT buscará instalar a su candidata, Dilma Rousseff.