El mecanismo tiene como finalidad “fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de detención de éstas y, reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales, así como procurar la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Además, la norma sancionada por unanimidad en una sesión extraordinaria de la Legislatura llevada a cabo en diciembre del 2009, crea un Comité –de carácter autárquico y autónomo- con capacidad para realizar visitas periódicas, sorpresivas e irrestrictas a todos los lugares de detención de la provincia; con amplias facultades para el acceso y la producción de información. Además, prevé la participación de organizaciones de la sociedad civil en este monitoreo.
Igualmente podrá “participar en el proceso de formación de leyes emitiendo dictámenes, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o reformas constitucionales, y sugerir a los organismos públicos competentes la aprobación, modificación o derogación de las normas del ordenamiento jurídico”.
Con ello la provincia cumple así con lo ordenado por el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas. Y tal y como lo calificaron varias organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran el Cels, Cepoc o el Inecip, “da un paso adelante en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa firmado en el caso de Juan Ángel Greco (Informe 91/03, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 22 de octubre de 2003)”.
Más allá de la bonaventuranza de la decisión del gobierno chaqueño, las organizaciones plantearon que esto no hace más que “dejar en evidencia la injustificada demora del Estado Federal en crear un Mecanismo Nacional”.
Un proyecto similar, presentado en el 2008, fue aprobado por mayoría en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la ley fue vetada por el ejecutivo de la ciudad.