El tribunal consideró a Gloria Ortega Mora y a Raúl López como autores “penalmente responsable[s] del delito de Trata de Personas mayores de dieciocho años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad, agravado por la cantidad de víctimas, en concurso real con el delito de Trata de Personas menores de dieciocho años de edad, ambos con fines de explotación, previstos y penados por los artículos 145 bis, pto. 3° y145 ter del C.P.”.
Los jueces Néstor Parra, Mario Portela y Roberto Falcone celebraron un juicio abreviado que concluyó este lunes con el veredicto. Concedieron a López, de 61 años, la prisión domiciliaria por su condición. Ortega Mora, por su parte, ya estaba detenida en la Unidad Penal de Batán.
Los jueces señalaron que, antes del 27 de agosto de 2008, ambos acogieron en el domicilio de Ortega Mora en Mar del Plata a cinco mujeres de nacionalidad paraguaya y una de nacionalidad brasilera, con fines de explotación sexual, abusando de su situación de vulnerabilidad. Agregaron que también recibieron a una adolescente de 17 años de nacionalidad paraguaya, con fines de explotación.
Parra, Portela y Falcone concluyeron, a partir de relatos de las víctimas mayores de edad, que las mujeres que eran sometidas a la prostitución “compartían una idiosincrasia común: provenientes de familias de escasos recursos, apremiadas por la situación económica de su país encontraron trabajo como empleadas domésticas, necesitando dinero para sostener a sus familias, en su mayoría numerosas, con hijos menores de edad para criar, aceptaron venir a ejercer la prostitución como una opción para obtener dinero y enviarlo a sus familiares”.
Esa situación no era desconocida ni para Orterga ni para López, que para los jueces “se aprovecharon de la vulnerabilidad socioeconómica y familiar” de las mujeres “con la finalidad de explotarlas mediante el facilitamiento del ejercicio de la prostitución”.
Los magistrados probaron que el vínculo que López y Ortega Mora generaban con las mujeres hacia que éstas estuviesen en “deuda” con ellos, “de una forma u otra siempre debían dinero”.
La causa se inició por una denuncia de la Dirección Nacional de Migraciones de Mar del Plata, y por presentación que efectuó el fiscal ante la Cámara marplantense Daniel Adler y subdirectora general de la oficina de Asistencia integral a la Víctima del delito de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Tucci, que además aportó una lista de domicilios donde podrían encontrarse ciudadanas extranjeras que serían explotadas sexualmente.