"La tecnología no es la panacea de todos los problemas que pueda tener la Justicia"

La Procuración General de la Nación puso en marcha en 2006 el Plan de Modernización Tecnológico de las 350 fiscalías nacionales y federales de todo el país y que se desarrolló en estos cuatro años. “En 2009 vimos más la concreción de todos los productos”, le dijo a Diariojudicial.com el secretario general de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal y mentor del proyecto, Adrián Marchisio.

Actualmente todas las fiscalías y los 3600 agentes tienen internet y cuentan con firma digital en una Red Nacional del Ministerio Público Fiscal en la que se puede compartir información entre las dependencias.

Además, cuentan con 19 puestos de videconferencias para tomar declaraciones testimoniales a distancia o dictar cursos de capacitación; las fiscalías piden las citaciones a las Comisarías de la Capital Federal por mail; ya se digitalizaron un millón de páginas de causas complejas, como la de las violaciones a los derechos humanos; y se aplica el sistema Excalibur para la búsqueda de expedientes, entre otros avances tecnológicos.

El proyecto más ambicioso es el FiscalNet, un sistema de gestión de causas por el que a través de un software se carga información de libros, registros, búsquedas y consultas que ya se aplica en 150 fiscalías. “El FiscalNet es lo que nos va a marcar porque cambia la cultura de empezar a sacar los registros de papel y va a repercutir en una mejor investigación y en la mejor y más ágil atención al público”, explicó Marchisio.

Sin embargo, el funcionario dejó en claro: “La tecnología no es la panacea de todos los problemas que pueda tener la Justicia”.

Por el momento el uso de la tecnología es propia del trabajo de los fiscales pero el secretario general apuntó a también a que le llegue al usuario de la Justicia. “El proyecto en el futuro va a apuntar a eso: lo que puede consultar en el libro de entradas, hacerlo a través de un sistema”, sostuvo.

La implementación de la nueva tecnología le costó a la Procuración un costo total por única vez de 11 millones de pesos, el 1,6 por ciento de su presupuesto, y un mantenimiento anual de casi 3 millones.

¿El 2009 fue el mejor año en avance de modernización tecnológica para la Procuración General?

Si, porque fue el año donde se empezaron a ver más los productos que comenzamos a desarrollar en 2006 y en el que se concretaron dos cuestiones importantes. Una es la construcción de una sala cofre, que está en el edificio de la avenida de Mayo, donde están todos los servidores del país. Y también compramos un sistema de almacenamiento masivo de datos de alta capacidad. Todo fue pensado para que la Red Nacional del Ministerio Público Fiscal tenga una proyección a futuro mucho más amplia.

¿Cuáles son los proyectos para este año?

Concretar el FiscalNet, que es el software de gestión de casos; estamos terminando con la capacitación en el interior del país y avanzando en la Capital Federal. Hay más de 150 fiscalías operando con el software, nos faltan la mitad. También firmamos un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos va a evitar la duplicidad en la carga de datos porque el Poder Judicial también tiene su sistema de ingreso de casos.

¿En qué estado está el proyecto del mapa del delito?

Nosotros tenemos un mapa del delito confeccionado con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires pero es solamente para los casos con autores desconocidos en Capital Federal. Pero como nuestro software de gestión es unificado para todo el país necesitamos un sistema de geoeferenciación para todo el país. Ahora estamos trabajando en la apertura de una licitación para proveer una cartografía actualizada de todo el país. El software de gestión es reemplazar en una primera etapa todos los registros escritos de los libros de mesa de entrada de cada dependencia, como el libro de detenidos, de imputados, de ingreso de casos, etc. Y posibilitar así que la atención al usuario sea mucho más ágil ya que el empleado va a tener una terminal con toda la información on-line. Junto con esto, tener estadísticas actualizadas y veraces de todos los casos para que los fiscales puedan gestionar mejor el equipo de trabajo. Y la georeferenciación será una herramienta anexa que sirva para cuestiones de persecución y en el futuro para prevención.

El objetivo de la modernización tecnológica siempre fue la agilización de la causas y ahorrar recursos. ¿En estos tres años se logró?

Yo creo que si. Tenemos una prueba concreta: en el intercambio de información entre los fiscales el hecho de tener un mail seguro y firma electrónica ha agilizado muchísimo la comunicación entre ellos. También tener la videoconferencia para realizar capacitación o para tomar una declaración testimonial a distancia ha achicado mucho los tiempos o la comunicación por internos. Eso no se puede medir porque son cosas de la vida cotidiana pero si lo trasmiten todos los funcionarios cuando nos dan las respuestas a las experiencias que tienen. Los fiscales también pueden pedir a través de la biblioteca web de la pagina de Internet de la Procuración doctrina o jurisprudencia y en 24 o 28 horas tienen una respuesta.

¿Estos avance en el interior del trabajo de los fiscales tienen una repercusión positiva en la tramitación o resolución de las causas?

Desde ya que sí y el fin último es ese. Y la Defensoría General de la Nación y el Poder Judicial, que trabajan en paralelo, nos hacen saber que notaron el avance que hay en la infraestructura y tecnología y como también esto obliga a que todo el sistema vaya empujando hacia algo más ágil. El FiscalNet va a repercutir en una mejor investigación y en la mejor y más ágil atención al público. Lo fundamental son un buen sistema de registro, de auto evaluación para que cada fiscalía puede evaluar como está gestionando sus casos, y un buen sistema de acceso a bases de datos para que la información y la investigación sean más ágil. Antes se mandaba un oficio y la respuesta demoraba 15 días, hoy en minutos tienen la respuesta. Así lo hicimos con la Dirección de Migraciones donde los fiscales acceden directamente y ven si una persona tiene restricción o si salió del país.

Las mayores criticas a la Justicia por parte de la ciudadanía son la lentitud y que en muchos casos, sobre todo en penales vinculados a la inseguridad, no es justa. ¿Los avances tecnológicos pueden contribuir para cambiar esa idea o las respuestas pasan por otra lado?

Están muy vinculados. La tecnología no es la panacea de todos los problemas que pueda tener la Justicia. Pero si hay una clara idea de que si la respuesta judicial es lenta no es justa. No siempre la respuesta rápida va a ser la más justa. Pero si la respuesta es rápida ya tenemos un 50 por ciento del problema, desde la expectativa del usuario, resuelto. Si uno apunta a herramientas que faciliten dar una respuesta ágil, la justicia también va a ser más justa.

¿Hay resistencias al cambio hacia la tecnología?

Los cambios que incorporamos fueron bien receptados. El FiscalNet es lo que nos va a marcar porque cambia la cultura de empezar a sacar los registros de papel. En la medida en que el producto que estamos desarrollando lo hacemos escuchando lo que los fiscales necesitan, los van a usar mejor. La resistencia cultural existe siempre que uno hace un cambio pero se vence si el cambio es positivo.

¿En qué porcentaje está informatizado hoy el Ministerio Público Fiscal?

Yo diría que estamos en un 80 por ciento. El 20 restante va a depender mucho del usuario y del cambio cultura. Pero como hay mucha gente joven en el Ministerio Público la tendencia es a pedirte más. También es importante que vayan acompañando otros organismos de la Justicia, nos sirve trabajar, como lo estamos haciendo, con Comisión de Gestión de la Corte Suprema.

¿Se pensó en que los usuarios del servicio de Justicia también acceden a través de la tecnología?

Lo estamos pensando para la Justicia no penal. Porque en ese fuero los temas son más sensibles y los expedientes no son de acceso público hay un tema de confidencialita que hay que estudiar. Nos parece que los cambios primero hay que hacerlos gradualmente, que el operador esté muy seguro de que su sistema es confiable, seguro y útil, y después avanzar a socializarlo con el Poder Judicial y la Defensoría pública y por último con los usuarios externos, como abogados o las propias víctimas. El proyecto en el futuro va a apuntar a eso: lo que puede consultar en el libro de entradas, hacerlo a través de un sistema.

¿Cree que se necesitaría alguna reforma de los Códigos Procesales para actualizarlos a las nuevas tecnologías?

Sería interesante incorporar la comunicación y la citación electrónica para evitar después que haya planteos de nulidad porque no se utilizó una alternativa que no está en el Código. También hicimos un proyecto de ley que fue enviado al Congreso para incluir la videconferencia como una herramienta especifica para tomar declaraciones entre distintos organismos. La jurisprudencia de los tribunales en la mayoría de los casos han aceptado este sistema de videconferencia y algunas defensas han planteado que no estaba pautado en el Código. Eso también tiene que ver con un tema cultural: que lo que no está en el Código Procesal pareciera que no puede hacer.

¿Hay necesidades distintas entre las fiscalías de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense con las del interior del país?

En general, en lo que hace a la tecnología no. A las interior del país les resulta más útil el avance tecnológico por las distancias que hay. Todo lo que sea tecnología en fiscales federales a 500 o mil kilómetros de distancia achica muchísimo y sobre todo con el órgano central como la Procuración General para hacer cualquier consulta o pedido. Y en Capital Federal al haber más haber más flujo de casos, entonces el tener que procesarlos requiere tener herramientas tecnológicas.

¿Hacia donde va la tecnología aplicada a la Justicia?

Va a tener un mayor análisis de los casos que puedan estar conectados. Y va seguir yendo a acceder a bases de datos para la investigación criminal mucho más nutridas y más ágiles, a tener los fiscales bases de investigación propias, a tener mapas del delito actualizados y con información oficial, a mayor planificación con estadísticas constantes y continuas, a incorporar al usuario para que puede consultar en que estado esta su caso. También vamos a conectar a todos los operadores judiciales en red.