DiarioJudicial.com consultó al consejero-juez Luis Bunge Campos sobre la falta de encuentros, que lo atribuyó a “la actividad legislativa”. En ese sentido, el magistrado ratificó su postura de que los representantes del estamento político en el órgano que selecciona y acusa a los jueces deberían ser designados por los partidos.
A principios de marzo, este diario había alertado sobre la posibilidad de que la actividad del Consejo se viera afectada por el andar del Congreso. Eso se había visto reflejado en la demora para elegir a las autoridades de las comisiones y para la fijación de los horarios de reunión.
Durante febrero, marzo y lo que va de abril, la actividad de las comisiones también fue intermitente y en algunas oportunidades las reuniones se levantaron a último momento por falta de quórum. Eso ocurrió, por ejemplo, el último jueves: si bien estaban previstos encuentros de las comisiones de Reglamentación, Selección y Disciplina y Acusación, todos fueron suspendidos por la falta del número reglamentario de consejeros para validar la reunión.
Bunge Campos reconoció el problema de la falta de sesiones plenarias porque “retrasa la aprobación de ternas y las entrevistas” con postulantes a cargos de juez.
El magistrado, que el año pasado presidió el Consejo, aseguró que “durante 2009 hubo menos plenarios que otros años” y lo atribuyó a la Gripe A y a la campaña electoral para las elecciones legislativas del 28 de junio.
Por su parte, el representante de los abogados, Pablo Mosca coincidió con Bunge Campos en que “se ve resentida la actividad” del Consejo por la falta de sesiones plenarias y dijo que los pocos encuentros se dan porque “los representantes del estamento político privilegian cuestiones políticas”.
Mosca consideró que Argentina “está viviendo una crisis institucional a partir del resultado de las elecciones del 28 de junio del año pasado”. Consultado por el impacto que puede tener el debate en el Congreso sobre la reforma al organismo, el abogado, que presidió el Consejo en 2007, dijo que “se vive un clima de inseguridad sobre cómo se va a reformar la ley [26.080] y si la nueva ley va a mantener el equilibrio que ordena la Constitución”.