El miércoles 21 de abril se llevará a cabo la 83º Conferencia Anual del Distrito 4890 de Rotary International. Con el objetivo de difundir la problemática y desafíos que presenta el acceso a la Justicia dentro de un marco de inclusión social, el distrito porteño del Rotary llevará adelante, en la sede de la Universidad Abierta Interamericana, una conferencia coordinada por el RC de Montserrat. La cita es de 19 a 20:30 en el salón auditorio de la UAI, Av. San Juan 983 de la Capital Federal. Disertarán Ricardo Li Rossi, camarista del fuero Civil; Gregorio Badeni, abogado constitucionalista; y la directora de Diario Judicial.com, Analía Zygier. La actividad está dirigida a rotarios, estudiantes y egresados de la UAI y público en general, con entrada libre y gratuita. Para participar del evento contactarse con uai.leaders@vaneduc.edu.ar
Se destacó la despenalización de las calumnias e injurias pero se objetó la composición del Consejo de la Magistratura
El Comité de Derechos Humanos de la ONU elaboró un informe sobre la Argentina en el que destacó como “aspecto positivo” la despenalización de los delitos de calumnias e injurias y la elaboración del Plan nacional contra la discriminación. También mencionó como positivo el avance en los juicios contra autores de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, manifestó su preocupación por el estado del Sistema Penitenciario, por la práctica de la tortura en las comisarías, las detenciones ilegales y por el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura. Sobre este punto, el comité “observó con preocupación que, a pesar del principio contenido en el artículo 114 de la Constitución respecto al equilibrio que debe imperar en la composición del Consejo de la Magistratura, existe en el mismo una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados” y sugirió a la Argentina “tomar medidas con miras a hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional en la composición del Consejo de la Magistratura, evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este órgano”.
Generó repudio y un dictamen de la Dirección de Política Criminal
Se trata de un juego de video de origen japonés que se llama Rapelay. El juego empieza cuando el protagonista de la historia sale de la cárcel y para vengarse de la mujer que lo denunció decide violarla a ella, a su madre y a su hermanita. El jugador debe elegir las formas de violar a las mujeres, y el lugar dónde lo hará. El riesgo del protagonista de este juego de rol es que, conforme aumente el número de violaciones, alguna de las mujeres pueda quedar embarazada. En ese caso debe obligarlas a abortar. Según un dictamen de la Dirección de Política Criminal, el contenido del videojuego es una clara apología del delito validando el abuso sexual, la violación, la discriminación contra la mujer, las torturas, etc. La comercialización del producto, sudistribución y difusión de sus contenidos divulgación y acceso violan el artículo 128 del Código Penal, que reprime con prisión de 6 meses a 4 años al que produzca, divulgue o propague “por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”. Según informa Página 12, el organismo encabezado por Mariano Ciafardini, recomienda al Ministerio de Justicia “arbitrar las medidas necesarias para evitar el ingreso al país a través de las autoridades competentes” y “notificar a las empresas nacionales que brindan el acceso a Internet de las posibles sanciones penales que pueden caberles por la publicación del videojuego para la descarga ilegal o difusión de imágenes del mismo por su contenido ilícito”. También aconseja prohibir la venta del producto en sitios de subastas argentinos como Mercado Libre. El organismo se interesó por el tema luego de que la Cámara de Diputados expresara a fin del año pasado su preocupación por la difusión en el país de este videojuego ultra violento.
La mayoría de las querellas pidieron 25 años para el último presidente de facto
El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín leerá este martes la sentencia en el juicio oral que se sigue contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar en la jurisdicción de Campo de Mayo. Desde las 9.30, las partes tendrán la posibilidad de decir las últimas palabras ante los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Cisneros. Junto con Bignone están imputados en la causa Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo), Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978), Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”) y Germán Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977). Los delitos imputados a los acusados son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo. El ministerio público fiscal pidió 25 años de prisión para Bignone, Riveros y Verplaetsen, en tanto que la Secretaría de Derechos Humanos solicitó esa cantidad de tiempo de reclusión para Bignone, Riveros, Verplaetsen, García, Tepedino y Montenegro. Las Abuelas de Plaza de Mayo requirieron 25 años de prisión para Bignone y Riveros, el mismo tiempo que solicitó Pablo Llonto, en representación de familiares de víctimas, para el ex presidente de facto, para Riveros y para Verplaetsen. En tanto, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos requirió 50 años de prisión para Bignone, Riveros, Tepedino, Verplaetsen y García, por considerar que es posible la aplicación de la actual redacción del art 55 del Código Penal, que permite imponer como máximo 50 años de prisión en caso de concurso real de delitos.
San Luis: abren moratoria para pagar las tasas de justicia y las multas
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis abrió una “moratoria” para deudores de tasas judiciales y multas. Con la firma del acuerdo 200/2010, el Máximo Tribunal provincial reglamentó un plan de pagos para los contribuyentes que posean deudas anteriores al 31 de diciembre del 2007. Las facilidades de pago se extienden hasta 36 cuotas con una tasa mínima de interés mensual (entre 0,5 y el 1 %) y un descuento del 15% por el pago al contado de la deuda. En la moratoria se incluyen las deudas por tasas judiciales o multas que se hallen o no intimadas, en proceso de determinación, recurridas en cualquiera de sus instancias sea en sede administrativa, jurisdiccional o judicial, las sometidas a juicio de apremio en cualquiera de sus etapas procesales uy/o en concurso preventivo o quiebra.
Denunciaron a Cobos por abuso de autoridad
La denuncia presentada por los abogados Antonio y Darío Liurgo contra el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quedó radicada (4853/10) en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. Allí se lo acusa al funcionario de haber aprobado como presidente provisional del Senado por “mayoría simple” los cambios realizados la semana pasada al impuesto al cheque, teniendo en cuenta que la reglamentación establece que es necesaria una mayoría especial para su tratamiento ya que se trata de un impuesto.