Respecto de esa ley, la directora ejecutiva del CELS, Andrea Pochak, aseguró a DiarioJudicial.com, que “respeta los estándares internacionales en materia de libertad de expresión” y remarcó que “no es inconstitucional”.
En ese sentido, adelantó que en los próximos días, el CELS presentará un amicus curiae en la causa por la ley de medios que llegó a la Corte Suprema.
Tras la aprobación de la ley, el diputado del Peronismo Federal por Mendoza Enrique Thomas presentó una denuncia ante la justicia federal de su provincia. En primera instancia, la jueza Olga Pura Arrabal suspendió la aplicación de la ley de medios y su fallo fue confirmado por la Cámara Federal mendocina. El Estado apeló a esa resolución y ahora será la Corte la que determine.
El CELS ya presentó un amicus curiae en la causa iniciada en Salta contra la ley por la diputada del Peronismo Federal Beatriz Daher. Mediante el dictado de una medida cautelar en marzo último, el juez federal Miguel Medina también congeló la aplicación de la norma.
Entre los aspectos negativos, el informe sobre Derechos Humanos 2009 alertó sobre la subsistencia de “violaciones graves de derechos humanos en cárceles y comisarías del país” y señaló “el aumento de hechos de violencia institucional protagonizados por fuerzas de seguridad” y “las regresiones en materia de políticas públicas de seguridad”.
El documento presentado este mes dio cuenta de la suba del 12 por ciento en los casos de personas muertas en hechos de violencia institucional en el área metropolitana de Buenos Aires y enfatizó que, entre ellos, los protagonizados por policías federales se incrementaron un 57 por ciento.
Consultada sobre la reciente unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidida por el gobernador Daniel Scioli, Pochak aseguró que el CELS no se pronunciará concretamente sobre la decisión de reagrupar las carteras pero que el informe 2009 sí tuvo “fuertes críticas” a las políticas de seguridad y carcelarias de la provincia más poblada de la Argentina.
En relación con los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, el informe 2009 advirtió la persistencia de “trabas” que imponen algunos tribunales y la aparición de “dificultades logísticas irresueltas” que demoraron los juicios “más allá de lo razonable”.
Sin embargo, resaltó la apertura en 2009 de la instancia oral y pública en los juicios por los delitos cometidos en los centros de detención ESMA y Vesubio y en el circuito represivo Atlético - Banco – Olimpo así como el comienzo de “importantes” juicios orales en las provincias de Formosa, Salta y Santa Fe.