El puntapié inicial lo dio el presidente de la Comisión de Justicia, y principal impulsor del dictamen de mayoría, Ricardo Gil Lavedra (UCR), quien tras realizar un racconto histórico acerca de la creación del Poder Judicial en nuestro país, explicó que desde sus comienzos “hubo predominancia técnica o política” en el organismo. Y sostuvo que uno de los puntos en los que “las distintas conformaciones no ha hecho nada” es en “procurar la eficacia en la Administración de Justicia”.
Además indicó que el dictamen privilegia “la representación profesional por sobre la política”, asegurando “un mejor equilibrio”. Así, sostuvo que la reincorporación de la Corte “permite armonizar los dos institutos de manera más armónica”, y una “instancia de cooperación” entre ambos organismos. Aunque aclaró: “No creo que esta sea la reforma ideal, sino que es la posible”.
Por su parte, Alejandro Rossi (FpV), autor de uno de los dictámenes de minoría y principal impulsor de la evaluación de los jueces, criticó duramente el dictamen de mayoría. “La corporación judicial conduce la comisión de Selección”, dijo y agregó, arremetiendo al evidente papel político de la Justicia; “jueces federales de Mendoza han suspendido durante meses una ley sancionada por este Parlamento”. “Si esto no es política, qué es”, se preguntó.
Para terminar se lamentó el hecho de que no se hayan discutido “profundamente” temas como el perfil de un juez, la función judicial o el sobre funcionamiento de la Corte. Recordó palabras escuchadas durante las reuniones de comisión: “Los jueces son amigos del poder de turno dijo uno de los representantes de los magistrados”. Y sentenció: “el Poder Judicial no es independiente”.
Hugo Prieto, (Concertación) fue uno de los más fervientes en su discurso: explicó que “la administración compartida con Corte va en contra de la finalidad del Consejo” y afirmó lo que consideró “preocupante” ya que se está “instaurando un sistema en el que el Poder Judicial se nombre y controla solo”. Esto, que sea controlador pero que no sea controlado por el poder popular, fue calificado por el legislador como un “retroceso medieval”.
Para el riojano Jorge Yoma (FpV) el debate quedó corto, y lo consideró como un intento de “degradar la institucionalidad Argentina”. En este sentido se refirió a la incorporación de la Corte Suprema, algo en lo que Yoma está de acuerdo, pero que sin facultades representa que sea una simple “figura decorativa”. Asimismo, se refirió despectivamente a la creación de un Consejo Consultivo, con presupuesto y personal del Poder Judicial, teniendo en cuenta que hay juzgados de instrucción que “desbordan de expedientes”. Por eso concluyó que “no hay motivo de modificar la ley”.
Diana Conti (FpV), diputada y consejera, debía también realizar su discurso aunque en su lugar habló Gerónimo Vargas Aignasse (FpV). El legislador destacó el papel y el trabajo de la actual composición. “El equilibrio fue perfecto”, dijo e inmediatamente dirigió su mirada a Oscar Aguad (UCR) a quién le instó a que diga que el Consejo de la Magistratura “aprieta jueces”. Y culminó sosteniendo que la reforma va en miras de “un triunfó político más que una necesidad real”.
Vargas Aignasse también mencionó cuentas pendientes que existen, mencionando el juicio por jurados. Lo mismo destacó Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) –también autora de uno de los dictámenes de minoría- aunque le agregó la transferencia de competencias hacia la Ciudad. En cuanto a la reforma sostuvo que “no es bueno” el dictamen mayoritario. Mencionó el caso de la comisión de selección, donde se genera un “desbalance de la representación de los abogados”, y criticó el hecho de que el proyecto no incluyera plazos para que el Poder Ejecutivo designe a los jueces luego de que le sean giradas las ternas.