"Que me maten, no les tengo miedo"

En abril de 2008 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.364 de “Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus victimas”. Hoy a casi dos años y medio de su sanción son muchos los puntos flacos. Por eso, la Cámara de Diputados comenzó a discutir una reforma en la normativa.

“Que me maten, no les tengo miedo” dijo Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida por una red de trata de personas, en el marco de la primera reunión plenaria de la Comisiones de Legislación Penal y Familia, Niñez y Adolescencia para modificar la actual Ley Anti Trata. A este primer encuentro, concurrieron una serie de organizaciones dedicadas a la temática y se dieron testimonios desgarradores de personas que sufrieron y sufren la Trata.

Dana Pechi fue secuestrada en el 2003, en Olavarria, logró escapar al poco tiempo. En 2005, fue secuestrada nuevamente y por la misma persona, Pedro Adorno, tal y como contó ante los diputados. En 2007, Dana apareció asesinada de siete tiros en la cabeza y dejó una hija, Luciana Paola, que hoy se encuentra en manos del apropiador. Para terminar la madre mostró la foto de su hija, cuando la buscaba, y de la misma en la morgue, los diputados y las cerca de 250 personas que la observaban muy atentos su relato. Ya entre lágrimas, sentenció: “No quiero que mi bebé se quede con esa gente de mierda”.

“Vente a vivir acá y te daremos una pieza”, le dijeron a Lourdes Hidalgo, de nacionalidad boliviana, y que trabajaba en la industria textil en un lugar donde había un baño para 65 personas. “De la máquina a la cama y de la cama a la máquina”, dijo Hidalgo y agregó: “Hoy en día siguen esclavizando a la gente”. Caso similar al de Oscar Taguada, quien vino desde Bolivia también para trabajar en la granja avícola en Pilar llamada “Nuestra Huella”. “Te prometen casa, vivienda digna y tu premio (5 mil pesos)” dijo y aclaró que “por un sueldo trabajaba toda la familia, los chicos juntaban huevos”. Luego de realizar la denuncia acerca de estas condiciones de trabajo fue despedido y desde entonces no pudo conseguir trabajo: vive de changas.

Estos casos muestran la complejidad del delito de Trata tanto con fines de explotación sexual como laboral. En el primero de los casos, la actual ley posee varios puntos que desde las organizaciones no gubernamentales plantean como necesarios de modificación. El consentimiento es uno de lo más importantes. Susana Trimarco, madre de Marita Verón secuestrada desde el 2003, dijo de manera terminante: “¿Qué me vienen a hablar de consentimiento?, ninguna esta en ese lugar horrible porque quiere, yo estuve ahí” dijo en referencia a la investigación propia que derivé en el juicio que se realizará próximamente en Tucumán.

Andrea Romero Rondón, de la fundación “María de los Ángeles Verón” explicó que “no debe existir consentimiento porque las víctimas son engañadas, y ese engaño es muy difícil de probar”. La actual legislación plantea la diferenciación entre mayor y menor de edad, un punto que se desencuentra con este planteo. Asimismo se reclamó por el hecho de que la Trata sea pensada como una sumatoria de varios delitos.

Por su parte, otro punto en el que estuvieron de acuerdo varias organizaciones fue la necesidad de que los bienes productos de la explotación sean incautados por el Estado y sean usados para la asistencia de las víctimas. Además del decomiso de los bienes de los tratantes, Monique Thiteux-Altschul de la Fundación Mujeres en Igualdad, planteó necesaria la “confidencialidad para las víctimas y los testigos, la prevención, que incluya mensajes a los clientes y el respeto por la voluntad de las víctimas”.

Fernando Mao, coordinador de la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT) abogó por un Plan Nacional de aplicación de la Ley, ya que “hay un desamparo de políticas publicas”. “Hay casi 4 desapariciones por día”, sentenció. Gustavo Vera, de Fundación La Alameda, fue más radical, “hay que reformar todo” dijo y agregó que en el país existen cerca de 8 mil prostíbulos y medio millón de personas esclavizadas. “La mayoría de ellos fueron revictimizados” indicó y añadió: “el Ministerio de Trabajo no ha denunciando a ninguna empresa por trabajo forzado”. También se mostró favorable a la reutilización de lo confiscado.

Las opiniones de las organizaciones y los anteproyectos existentes deberán seguir siendo evaluados por las comisiones. Juan Carlos Vega, presidente de Legislación Penal, dijo: “No queremos que suceda que por un apura volvamos a cometer los errores que hoy estamos tratando de rectificar”. Claudia Rucci, presidente de la comisión de Familia indicó que el objetivo es que salga “una ley que en verdad ayude a terminar con la trata en el país” y auguró que ambas comisiones firmarán “el 17 o 18 de agosto el dictamen de mayoría” con muchas de las modificaciones solicitadas por las asociaciones civiles.

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