El Gobierno de Evo Morales había expropiado casi 20 mil hectáreas a familias extranjeras, tras constatar que las comunidades de guaraníes de la zona estaban siendo sometidas a un régimen de servidumbre. Un tribunal confirmó esa decisión.
La Corte Suprema de Justicia de Bolivia falló a favor del Gobierno de Evo Morales en su decisión de expropiar más de 15 mil hectáreas de tierras de propiedad de una familia estadounidense. El viceministro boliviano de Tierras, José Manuel Pinto, explicó a medios locales que el Tribunal Agrario Nacional declaró nula la apelación presentada por los hermanos Duston, Hans y Ronald Larsen contra una resolución emitida en 2009 por el Ejecutivo para expropiarles 15.262 hectáreas en el Alto Parapetí, en la región de Santa Cruz (este).
Señaló además que el fallo permitirá concretar la expropiación para distribuir esas tierras entre indígenas guaraníes que habitan en la zona.
“Se ha puesto en conocimiento de los señores (Larsen) el fallo para que hagan un desalojo voluntario y si no cumplen, estamos facultados para usar la fuerza pública y proceder al desalojo”, dijo Pinto y añadió que la familia Larsen debe salir de los predios en un máximo de cinco días.
El Gobierno de Morales decidió expropiar los terrenos de los Larsen y otras 3.790 hectáreas de otra familia en esa zona, tras constatar que comunidades de guaraníes estaban sometidas en la zona a un régimen de servidumbre, además de verificar que los hacendados tenían las tierras sin producir.
La ley boliviana establece que las tierras pueden ser expropiadas para el Estado sin pagar indemnización alguna si se confirma que hay sobreexplotación laboral, servidumbre, pagos a los empleados por debajo de los salarios mínimos o trabajo infantil.
Además, exige que los empresarios agrícolas y ganaderos bolivianos tengan en producción permanente sus tierras cumpliendo una “Función Económica y Social”, ya que de otra forma el Estado las puede revertir para repartirlas a campesinos e indígenas.
Pinto precisó que hasta el momento se han titulado 16,8 millones de hectáreas a favor de los indígenas del oriente y occidente del país.