Las comisiones de Justicia y Seguridad comenzarán a discutir en los próximos días cuatro proyectos. Quieren convocar a los gobernadores de Buenos Aires y San Luis, y al titular del Gobierno porteño. Los dictámenes deben estar listos antes del 29 de septiembre.
El Senado decidió días atrás avanzar con un paquete de proyectos relacionados con la inseguridad. El régimen de armas, la declaración de la emergencia en materia de seguridad por un año, la situación de los desarmaderos y la posibilidad de implementar un Servicio Cívico Voluntario serán los temas que desde el martes 24 de agosto comenzarán a debatir las comisiones de Justicia y Seguridad Interior de la Cámara alta nacional.
“La intención es convocar a un plenario de comisiones a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri para comenzar a analizar la problemática desde una perspectiva política, ya que no es una cuestión que se resuelva sólo desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, sino que requiere un abordaje multidisciplinario”, destacó la senadora Sonia Escudero.
El propósito es tener listos los dictámenes para llevar los proyectos al recinto el 29 de septiembre próximo.
Los proyectos
La senadora Hilda “Chiche” Duhalde presentó un proyecto para declarar la emergencia en materia de seguridad ciudadana por el término de un año. En el texto se propone "dar una respuesta inmediata a los problemas más acuciantes relacionados con la vida y los bienes de las personas amenazados por el delito". Comprende aspectos "organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad para atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables y aplicando los principios de coordinación y cooperación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Algunos de los puntos clave de la iniciativa registrada bajo el Nº S-3315/09 son: mayor control aeroespacial; solicitar al Ejecutivo plan integral de radarización del país; efectuar un censo nacional de menores en situación de riesgo social; construir o reequipar centros de rehabilitación menores con problemas de adicciones o penales (utilizando establecimientos ociosos de las Fuerzas Armadas); reacondicionar cárceles; y construir y equipar los juzgados correccionales y criminales. Todo esto implicaría el traslado de nuevas partidas presupuestarias desde el Estado a las provincias y la Capital.
El proyecto de armas, ingreso bajo el Nº S-441/10, es una iniciativa de la senadora Sonia Escudero cuyo principal objeto es modernizar la legislación en la materia –que data de la época de la dictadura y que sufrió innumerables modificaciones a través de decretos y resoluciones– con el objetivo de limitar el acceso de las armas en manos de la sociedad civil. Además, modifica la estructura de financiamiento del ente regulador, el Registro Nacional de Armas (RENAR), que en la actualidad es administrado por un ente cooperador integrado por fabricantes y comerciantes de armas, “lo cual es abiertamente incompatible”, según la autora del proyecto.
El RENAR tiene registradas 1.261.758 armas, las que se encuentran en manos de 817.239 usuarios. Si bien no hay estimaciones precisas, se afirma que al menos una cantidad similar de armas se encuentra fuera del control estatal.
El tercer proyecto es de autoría del titular de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, que procura dar respuesta al robo de automotores. La iniciativa establece cláusulas sobre los lugares que funcionen como desarmaderos de autopartes y que prohíbe la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes.
Según el artículo 4º de la norma de Nº de expediente S-1638/10, será reprimido con "prisión de cuatro a doce años quien, en violación de la presente ley, comercialice, transporte o almacene autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores".
Por último, las comisiones estudiarán dos proyectos –uno presentado por el radical Ernesto Sanz (Mendoza) y otro de autoría del senador kirchnerista José Pampuro (Buenos Aires)- que proponen, fundamentalmente, crear un programa de contención de jóvenes en situación de riesgo social (Servicio Cívico Voluntario) tendiente a lograr su capacitación e inserción laboral, utilizando las instalaciones y el personal de las Fuerzas Armadas.
El programa educativo integral está pensando para los ciudadanos cuyas edades están comprendidas entre los 17 y los 26 años de edad.
El texto del proyecto Nº 1329/09 consigna que el Servicio Cívico Voluntario (SCV) tiene por objeto "la finalización del ciclo educativo y la capacitación en oficio, promoviendo la inclusión social y la formación ciudadana". Además, "estimulará a los jóvenes para el desarrollo de tareas solidarias, y buscará que los trabajos realizados por los alumnos vuelvan y beneficien a la comunidad en la que se desenvuelven". El ciclo durará un año, incluiría una mensualidad de un máximo de 200 pesos y estará organizada en 2 modalidades: jornada completa y media.