02 de Julio de 2024
Edición 6997 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/07/2024

Conflicto en puerta

Un proyecto de ley que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados y permanece en una comisión del Senado, podría generar rispideces entre la Corte y el Consejo.

 
Un nuevo conflicto podría desatarse entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, a raíz de un proyecto de ley de modificación de la ley del Consejo, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y se encuentra en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El proyecto que propone cubrir en forma transitoria los cargos en los tribunales inferiores por vacancia, licencia o suspensión de su titular por medio de las subrogancias, también comprende en su inciso 16 del artículo primero, “dictar los reglamentos generales de la superintendencia que sean necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación”, facultad que tiene sólo la Corte Suprema de Justicia.

En principio este problema ya lo habían tenido a comienzo de este año, pero supuestamente había sido superado; en esa oportunidad la Corte, a través de una acordada, había revalidado sus facultades de superintendencia sobre el Consejo, y dado que es la última instancia los consejeros dejaron que el asunto muriera en un fogoso debate que mantuvieron en un plenario. Aunque el tiempo pasó, y otros temas taparon esa interna, siempre quedó pendiente, pero ahora salió a la luz con el proyecto de modificación de la ley 24.357, donde el Consejo se arroga las facultades de superintendencia.

Fuentes cercanas a la Corte, manifestaron que el mencionado proyecto podría convertirse en un “nuevo dolor de cabeza para el Consejo”. Por otra parte, el senador nacional Jorge Agúndez, señaló a Diariojudicial.com que “al proyecto hay que hacerle algunas modificaciones; porque habría que marcar un tiempo límite para las causas de pedidos de juicio político que están en estudio en la Comisión de Acusación”. “Las causas que se tramitan contra ciertos jueces demoran mucho tiempo mientras el magistrado sigue ejerciendo su función, y esto le hace mal a la justicia. Tendría que haber un límite de 60 o 90 días como máximo”, aseguró el senador quien también es integrante del Jury de Enjuiciamiento.



dju / dju
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