La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado Argentino que especifique el abordaje que se le puede dar al tema.
En el marco del 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se celebró una audiencia pública, a pedido del Estado Argentino, para dar a conocer la situación actual de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Allí el gobierno brindó a la CIDH los datos sobre los procesos que se están suscitando en nuestro país, aunque también participo el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), que puso sobre la mesa el caso de la Justicia Federal de Mendoza. “Está dando muestras de complicidad con la impunidad”, sostuvo durante su presentación la representante de la organización, Andrea Pochak.
Pochak mencionó el tema de la Justicia mendocina mientras argumentaba acerca de los “aspectos preocupantes” a tener en cuenta en los procesos. “El primer problema es la demora” dijo y agregó: “Del total de las causas en movimiento 344, más del 70% (273) se encuentran en etapa de instrucción. A este ritmo, este proceso puede demorar 20 años más. Ni las victimas, ni los familiares ni los imputados van a estar en condiciones de esperar 20 años más”.
También la demora se presentan en la Cámara de Casación, donde se “esta demorando un promedio de 2 a 3 años para confirmar esas sentencias”, y similar situación ocurre en la Corte Suprema. “De los 24 recursos en espera en casación el 50 % corresponde a sentencias de hace mas de un año”, dijo.
“No podemos dejar de mencionar un escollo fundamental en algunas jurisdicciones que es la complicidad de la corporación judicial en la impunidad de los crímenes y un caso emblemático, resonante y vergonzoso es el de Mendoza” donde “esta corporación judicial…está dando muestras de complicidad con la impunidad” ya que “el único juez que había avanzado fue recusado y la Cámara Federal, aceptó esa recusación”. Por ello bregó por la importancia del monitoreo por parte de la CIDH “para acelerar los tiempos”.
Desde la Comisión plantearon preguntas al gobierno, que serán contestadas por escrito, como “¿qué abordaje se le puede dar a la situación de Mendoza que tiene que ver con resistencia del sistema judicial para darle seguimiento a estos casos?” y si existe inseguridad para los operadores jurídicos, victimas, testigos e imputados relacionados con los procesos judiciales ya que “se percibe que entes involucrados permanecen activos en la actualidad”.
La audiencia fue solicitada por el propio Estado Argentino para dar cuenta de los avances en materia de procesos judiciales en el marco del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en Argentina. Andrea Gualde, directora nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, fue la encargada de explicar a los comisionados los avances.
Explicó el motivo por el cual fue el gobierno el que solicito la audiencia ya que es un “proceso histórico de juzgamiento de crímenes cometidos por el terrorismo de estado es con sus desafíos y problemas que no ocultamos motivo de orgullo para todos los argentinos”. Pochak en correspondencia con la representante del Estado sostuvo que se “está atravesando un proceso histórico singular en el mundo motivo de orgullo, que se debe al papel que están jugando los tres poderes del estado y por la tenacidad de los familiares de las víctimas y de las victimas”.
Gualde, también se refirió a la importancia del giro de las investigaciones hacia los responsables civiles ya que por ejemplo en el juicio en la causa sobre los hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata el “13 de este mes, el Tribunal de La Plata condenó a tres médicos por su participación en torturas. Este veredicto es singular porque encomienda al juez de instrucción la continuación de la investigación de los jueces de la dictadura mencionados en los debates orales de ese juicio”, dijo.
“La participación civil reviste especial significación en las causas en que se investigan defraudaciones económicas”, explicó citando como ejemplo, entre otros, la causa en la que se investiga a Massera por apropiación de bienes en la causa ESMA, la causa por el golpe de estado en sí mismo, donde esta imputado el ex ministro de economía y la causa donde se investigan los hechos por la apropiación ilegitima de Papel Prensa. “Más de 600 empresas fueron apropiadas ilegítimamente por la dictadura, sin contar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a detenidos desaparecidos, lo que impuso la necesidad de crear una unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad con motivación económica, actualmente en proceso de aprobación”, agregó.
Datos encontrados
Según datos brindados por el gobierno Nacional durante la audiencia, existen 127 causas en trámite, 13 se encuentran en debate oral, 76 elevadas para realizar debate y 38 con requerimiento de instrucción. En total, hay 656 procesados y 126 condenados que por decisión del Poder Ejecutivo no pueden ser alojados en dependencias de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas.
Mientras que los datos brindados por el CELS hablan de que de las 739 personas procesadas, solamente son 127 las que se encuentran en juicio. Y de las 1317 en condiciones de ser juzgada sólo hay 104 personas sentenciadas. Asimismo poco más de 200 personas que murieron “inocentes”, por el retardo de los procesos.