La Cámara Baja del distrito busca crear un “Registro de Cupos Carcelarios” y una comisión para su control. Se promueve tras informe elaborado por el Consejo de Defensores Generales bonaerenses.
La Legislatura bonaerense analizará la creación de un “Registro de Cupos Carcelarios” para resolver, entre otros aspectos, el incumplimiento de las condiciones mínimas de espacios carcelarios. Además, se tendrán en cuenta las deficiencias edilicias, de higiene y la violación de derechos básicos fijados por las Naciones Unidas.
Se trata de una iniciativa impulsada, en la Cámara de Diputados provincial, por la legisladora Natalia Gradaschi (CC-ARI) a partir del informe elaborado por el Consejo de Defensores Generales bonaerenses que refleja la situación del sistema carcelario bonaerense. Este órgano denunció en el documento las serias condiciones de hacinamiento y de superpoblación carcelaria en la Provincia durante el período comprendido entre junio de 2009 y junio de 2010.
El proyecto, registrado bajo el expediente D-3.100/10-11, alcanzará a unidades carcelarias, penitenciarias, alcaldías, comisarías, institutos de menores y/o todos los lugares destinados al alojamiento de personas bajo régimen de privación de libertad dependientes del Gobierno provincial.
La legisladora propone además, en el texto del proyecto, una Comisión de Control de los lugares de detención, y otras cuestiones relacionadas que se enmarcan en un reclamo histórico de organizaciones de derechos humanos en nuestro país y de miembros del Poder Judicial y académicos.
La iniciativa de Gradaschi obliga a los responsables de todos los establecimientos que alojen a personas privadas de su libertad a comunicar al Registro de Cupos, en forma inmediata, cuando los mismos alcancen el 90 por ciento de su capacidad. También prohíbe la detención en comisarías de personas con prisión preventiva.
La nómina de internos será establecida semestralmente por decisión unánime de la Ccmisión, estableciendo, para tal fin, un orden de criterios que priorice el tiempo transcurrido en prisión preventiva, la escala penal aplicable al hecho del imputado, la edad del interno y otras cuestiones relacionadas con la conducta, la salud y las aptitudes para la reinserción familiar y laboral.
Asimismo, el artículo 9 prevé que los jueces "deberán disponer el alojamiento de los detenidos en aquellas unidades que cuenten con plazas disponibles, conforme los informes periódicos".
La Comisión estará integrada, tal como lo establece el artículo 4º, por representantes de los ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Economía, Salud e Infraestructura; de la Secretaría de Derechos Humanos; dos representantes del Ministerio Público (Acusación-Asesoría y Defensa); uno por la Comisión Provincial por la Memoria y otro por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
De concretarse la aprobación del proyecto será la Suprema Corte de Justicia de la Provincia quien tendrá control sobre el registro el número de plazas disponibles. En tanto, la nómina de internos será establecida semestralmente por decisión unánime de la misma comisión.
Según datos aportados por el Poder Ejecutivo provincial al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la población carcelaria asciende a 26.018 personas, a los que se suman 4.068 detenidos en comisarías, superando en total las 30 mil personas. Por lo tanto, en las condiciones actuales la superpoblación ascendería al 192 por ciento.