La Justicia se mete en Facebook

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela ordenó la suspensión solicitada por el precandidato justicialista Omar Perotti y, en consecuencia, se suprimieron los contenidos detallados en una página de la red social en donde se lo tildaba de "corrupto".

La jueza en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda Nominación de Rafaela, Liliana Maina de Beldoménico, resolvió que Facebook eliminara lo expresado en el sitio "Me da vergüenza que O. P. quiera ser gobernador en el 2011".

Perotti señaló que en la sección "críticas" se observa un comentario que dice: "Como rafaelino es realmente asqueroso que este traidor a sus principios y doctrina continúe con su actividad política funesta e insensible. Cuantos compañeros de actividad política ha destrozado. Por sordas ambiciones personales. Pagándole a todos los medios para censurar ideas contrarias".

El candidato a gobernador por Santa Fe afirma en la causa que "gran parte del contenido de esta cuenta excede los límites de difusión y publicación de ideas de manera regular, ya que por este medio se realizan lisa y llanamente diversas acusaciones calumniosas e injuriantes a su persona, por lo que requiere la intervención judicial para proceder a la inmediata remoción del contenido transcrito y así obtener una pronta y efectiva tutela de sus derechos individuales y personalísimos, antes que la información falsa, infamatoria, calumniosa y difamatoria se propague aún más causando daños difícilmente reparables".

Tras la presentación, la magistrada decidió acoger la medida autosatisfactiva solicitada y, en consecuencia, ordenó la eliminación de la publicación agraviante en la red respecto a la intención del actor de postularse a gobernador.

La fundamentación de la resolución reseña: "Toda vez que conforme a la doctrina que pugna por el reconocimiento de este instituto procesal, dentro de los llamados procesos urgentes, la medida autosatisfactiva constituye una pretensión autónoma (esto es, no accesoria o tributaria de otro proceso principal) que se agota con su despacho favorable, implica una satisfacción definitiva a la pretensión deducida y se dicta in audita pars, se impone una mayor prudencia en la apreciación de los requisitos de urgencia y la probabilidad de que la pretensión sea atendible".

En esta línea, "es dable indicar que en la ley 26.032 se prevé expresamente que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión", añadió la titular del Juzgado.

La medida adoptada por Beldoménico se limita estrictamente "a suprimir los contenidos detallados por el compareciente insertos en la cuenta mencionada como Información y críticas y su fotografía", y la "eliminación" en esa sección de "la palabra corrupto"; ello, "en aras de mantener un estricto equilibrio entre la libertad de expresión y el respecto a los derechos personalísimos".

"Si bien la libertad de expresión goza de un privilegio constitucional, tal libertad no constituye un bill de indemnidad para insultar, por lo que no parece irrazonable la intervención preventiva del juez en un caso como el particular, donde los calificativos utilizados en referencia al accionante por algunos de los miembros del portal que se cuestiona aparecen sin lugar a dudas directamente agraviantes, ofensivos y difamantes; por otra parte, no se puede hablar aquí de mutilación de un proceso de formación del pensamiento de la comunidad, pues no se ve de qué manera enriquece a la opinión pública el uso de expresiones insultantes", consigna el fallo.

Por último, la jueza expresó: "La imposibilidad de que la medida a despachar se derive perjuicio alguno determina la innecesariedad de prestación de contracautela". Además, "entendiendo que la intimación a Facebook Inc., para que informe la dirección IP desde la que dicha cuenta fue creada excede el marco de esta medida, desestímase la misma".

En declaraciones a una radio local, el abogado defensor Facundo Bilbao Aranda expresó: “Es un tema muy delicado y muy difícil. Cualquier tipo de delito que se puede cometer en la vida cotidiana, puede ser cometido a través de Internet. La particularidad de estos delitos es que la víctima puede tardar varios días en tomar conocimiento que existe una agresión o injuria en su contra. Muchas veces el daño ya está causado y es muy difícil de reparar”. Además, explicó que “en el caso de un funcionario público es más difícil llevar adelante la acción judicial porque está más expuesto a recibir críticas y la Justicia no habilita reprimir cualquier crítica”. Consultado sobre si la red social es responsable sobre lo que se publica, el abogado de Perotti manifestó: “Las redes sociales y los portales de Internet tienen una responsabilidad objetiva. En principio no serían responsables del contenido que los usuarios vuelcan en Internet por una imposibilidad fáctica, pero una vez que las redes sociales toman conocimiento que algún contenido es agraviante a una persona, sí pueden ser merecedores de un reproche legal”.

En atención a estos ejes temáticos, DiarioJudicial.com consultó al especialista en delitos informáticos Ricardo Sáenz, quien a su vez ejerce como Fiscal General ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Sáenz detalló: "Hay una discusión en todo el mundo sobre la responsabilidad por los contenidos; la tendencia en Europa y los EEUU es justamente la defendida: los sitios de Internet no son responsables salvo cuando se los pone en conocimiento. Ahí comienza su obligación de bajar el contenido. Ellos dicen que no pueden ser jueces de la ilicitud o de la inconveniencia de un contenido. Un ejemplo de esto en el país es el caso de las modelos contra los buscadores web. Esto aún no está regulado en la Argentina, es una de las materias pendientes".

En cuanto al punto que estudia los casos en funcionarios, el experto opinó: "Los funcionarios públicos tenemos que tener la piel más dura, se está expuesto a la crítica, es como que hay que bancar un poco más, por decirlo llanamente; hay ciertos límites". Y concluyó: "Así como hay que regular las obligaciones de los proveedores de Internet de guardar por un tiempo los datos para poder construir alguna estadística, hay como una contracara que es eximirlos de responsabilidad por contenidos, para que puedan trabajar en ese sentido. Ésta es la tendencia mundial."