La fiscal a cargo de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública, Sabrina Namer, confió a DiarioJudicial.com en que se aprobará el año que viene. Durante 2010, esta dependencia colaboró en por lo menos 10 causas.
A un año de su puesta en funcionamiento, la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap), a cargo de la fiscal Sabrina Namer, resaltó en un informe la instrucción del Procurador Esteban Righi para que los fiscales impulsen los juicios por corrupción.
En diálogo con DiarioJudicial.com, Namer confió en que durante 2011 pueda ver la luz el Protocolo de Investigación Patrimonial, algo en lo que ya se está trabajando y que consideró una “herramienta muy importante para los fiscales”. Asimismo, expresó su deseo de trabajar con otras Unidades Fiscales de Investigación (UFIs) para que, cuando un expediente se judicialice, ya puedan trabarse los embargos correspondientes y los imputados no tengan tiempo para realizar maniobras dilatorias.
El documento señala que “otra serie de cuestiones se encuentran actualmente bajo estricta evaluación, con el objeto de definir su viabilidad como posibles inquietudes a acercarse en el futuro próximo al Procurador General”.
Consultada por este diario sobre ese punto, Namer dijo que ese planteo tendrá que ver con el resultado de un monitoreo de expedientes que se está realizando con un conjunto de ONG que se ocupan de la temática que busca estudiar cuánto tiempo pasan las causas en cada dependencia y cuáles son los planteos de las defensas, entre otros puntos.
La Ocdap enfatizó que durante 2010 colaboró en 10 causas que están en etapa de instrucción o próximas a juicio oral, entre ellas, dos contra la ex polifuncionaria menemista María Julia Alzogaray (ambas por defraudación por administración fraudulenta). En una de las causas iba a iniciarse el juicio pero finalmente fue suspendido por el tribunal una semana antes de comenzar.
Asimismo, la dependencia colaboró en la causa contra el ex funcionario Armando Gostanian (por defraudación contra la administración pública), contra el BNP Paribas (por encubrimiento), contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (por enriquecimiento ilícito) y en la causa “Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/cohecho” por las coimas en el Senado durante la presidencia de Fernando De la Rúa cuyo juicio estará a cargo del TOCF N° 3.
La UFI también colaboró en la causa “Pacheco, Horacio David y otros s/delito de acción pública” (abierta por presunta corrupción en perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), en dos causas contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete (por defraudación y por asociación ilícita) y en otra causa vinculada con la década del 90 que llegaría a juicio, en la que los acusados son Roque Fernández, Pedro Pou, Eugenio Pendas, Héctor Biondo y Guillermo Lesniewier. Todos están acusados de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
La Ocdap realizó en estos 12 meses un relevamiento de un puñado de causas por corrupción para examinar los puntos más “problemáticos”, entre ellas “Funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y otros sobre abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público” (a cargo del TOF Nº 4), “Yoma, Emir Fuad y otros sobre infracción al art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del Código Penal” (en trámite ante el TOF Nº 5), y “Alsogaray, María Julia sobre negociaciones incompatibles” (ante el TOF Nº 6).
A su vez, se destacó la firma de convenios con la Procuración General del Tesoro (PTN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Unidad de Información Financiera (UIF).