DiarioJudicial.com realizó un sondeo en la zona de Tribunales. La mayoría de los consultados consideró positiva la intervención de la Justicia en la resolución de los conflictos por las tomas. En tanto, fueron disímiles las opiniones sobre la migración en Argentina: mientras algunos letrados valoraron el aporte de los inmigrantes, otros pidieron políticas más restrictivas.
Durante el mes de diciembre, el tema que ocupó más páginas en los diarios y en los noticieros de TV fue el de las tomas de terrenos. En pocos días se ocuparon los predios del Parque Indoamericano (donde, por la represión, murieron 3 personas), del Club Albariño, y terrenos en Barracas y Quilmes.
Las tomas también se extendieron en el interior del país en las provincias de Santa Fe, Neuquén y Catamarca. En todos los casos las respuestas de la Justicia fueron disímiles. Pero hubo un elemento común: en la discusión se introdujo el rol de los migrantes.
DiarioJudicial.com quiso conocer la opinión de los abogados sobre el conflicto que mantuvo la atención de la opinión pública durante casi todo el mes. La mayoría de los letrados avaló la intervención de la Justicia en los conflictos pero consideró que la política migratoria debe quedar en manos del Ejecutivo y el Legislativo.
Consultados en relación con el rol de la Justicia en el conflicto de los predios tomados, el abogado Eduardo González Ocantos elogió el accionar del juez federal Daniel Rafecas (que intervino en el caso de la toma del Club Albariño, en Villa Lugano, que finalizó este martes) porque enfatizó que se hizo “todo lo contrario” a lo que se realizó en el Parque Indoamericano (donde intervinieron, con distintos resultados, unos 5 jueces): “se cercó para que no entre más gente y se trató de evitar cualquier foco de violencia”.
González Ocantos afirmó que el juez Rafecas “está intentando hacer una investigación en serio, individualizando responsables, instigadores, en lugar llevar su foco por cuestiones mediáticas o políticas: está haciendo Derecho Penal, que es para lo que están los jueces”. El desalojo del Albariño se concretó el 28 de diciembre.
En la misma línea, el abogado Roberto Adamo dijo que “la idea es que debe primar la justicia, vale decir: que un juez debe decidir, y se supone que con sabiduría, lo que debe ocurrir con este conflicto social”. Su colega María Victoria Luna sostuvo que “la justicia debería mantenerse independiente pero un poco más comprometida y actuar sobre una realidad”.
En tanto, el letrado Esteban Villanueva opinó que “el tema se politizó demasiado y excedió el marco judicial y eso hizo que la justicia, al no tener su policía judicial, no pudiera actuar”. El letrado consideró que la respuesta de la justicia a las tomas de predios “no llegó adecuadamente”.
En otra tesitura, el abogado David Pastor le dijo a ese diario: “Lamento que no se dé cumplimiento a la orden judicial [de desalojo]. Este ‘desgobierno’ hace que no se pueda cumplir con las órdenes judiciales”. El letrado afirmó que “no es la primera medida judicial que se está ignorando y [el incumplimiento de los fallos de la Justicia] hace que se produzca más caos en el país”. Pastor reiteró un puñado de veces la palabra “orden”. A su vez, una abogada que prefirió solo identificarse con su nombre (Karina) consideró que “el conflicto es patético” y que “no hay quien tome decisiones”.