En pleno enero se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto que busca “controlar” la corrupción estatal a través de la creación de una comisión bicameral. De aprobarse el proyecto, presentado por Ricardo Gil Lavedra (UCR), la comisión contaría con la posibilidad de “denunciar judicialmente los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento”.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Ricardo Gil Lavedra (UCR), presentó a fines de enero un proyecto de ley que busca crear una comisión bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación con el objetivo de “controlar la corrupción estatal”.
Entre las funciones de esta bicameral propuesta por el diputado, se encuentran la posibilidad de requerir informes, expedientes y documentos, o tomar vista de ellos (más allá de que se encuentren en pleno tramite en tribunales o en organismos públicos o privados), recibir testimonios, disponer la realización de peritajes o solicitar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus cometidos.
Asimismo, podrá “facilitar los medios para la comparecencia de personas y, en su caso, tramitar ante el órgano correspondiente su protección personal” o “promover acciones judiciales en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento de la Comisión”.
A todo ello se agrega la posibilidad de “constituirse en cualquier lugar del país o del extranjero” y “denunciar judicialmente los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento”.
La comisión que propone el radical estaría integrada por 6 diputados y 6 senadores, designados de acuerdo a la proporción de representación política de cada bloque, y su integración duraría dos años, aunque con posibilidad de reelección ilimitada.
Entre los fundamentos de la iniciativa Gil Lavedra expresa que “a contramano del mandato legal, nuestro país no cuenta con organismos que se encarguen de monitorear y analizar la utilidad de las normas y oficinas gubernamentales que se dedican a esta tarea, lo que nos impide contar con una perspectiva acabada de la dimensión del problema y diseñar líneas de intervención eficaces”.
Ello es considerado por el constitucionalista como “muy grave, particularmente si tenemos en cuenta, la entidad de los problemas generados por la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, su impacto sobre los recursos estatales, el deterioro institucional y de los valores democráticos y su vinculación con la delincuencia organizada”.
Tiempo atrás, quien ahora preside de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, en una entrevista brindada a DiarioJudicial.com sostenía: “Nunca he visto una condena en casos de corrupción” en sus años de trabajo en la Cámara y que “no llegan ni siquiera a juicio oral y nos llegan prescriptos”. Haciendo claro foco en la “impunidad”. “Lo que más me duele es la impunidad que hay en materia de corrupción” concluía.
“La Dirección de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, en efecto, indica que durante el año 2008 ingresaron a los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal, 940 causas por delitos contra la administración pública, que se sumaron a 1152 ya existentes, para hacer un total de 2105. Al final del año, sólo 40 habían sido elevadas a juicio y 1063 —de las cuáles 786 tenían una antigüedad superior a los 6 meses— continuaban en trámite”, consigna la iniciativa.
“A pesar de la multiplicidad de agencias de investigación y de persecución y del esfuerzo de muchos funcionarios y del valor de muchas iniciativas, la impunidad generalizada sigue siendo la regla”, sostiene entre sus fundamentos Gil Lavedra. “Vivimos, todavía, en la certeza de que cierto nivel de corrupción es crónico, que nada podemos hacer y que los argentinos debemos claudicar en nuestra pretensión de ser un país ‘en serio’ y conformarnos con ser uno ‘relativamente serio’”, concluye.