Plantean modificar el decreto 2147/84 para que los honorarios que ganen los abogados de la Procuración porteña sean repartidos entre todos los trabajadores, es decir, profesionales y administrativos, del organismo. Por supuesto, las quejas no tardaron en llegar.
A mediados de marzo, los abogados de la Procuración porteña le pidieron a las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) si podían brindarles un espacio para reunirse. Así fue que se autoconvocaron para discutir un polémico proyecto para modificar un decreto de 1984, presentado por el procurador general de la Ciudad, Ramiro Monner Sans. La idea es modificar el régimen de honorarios, de modo que no sólo los cobren los profesionales del organismo sino que puedan percibirlos todos los trabajadores.
En la convocatoria, se solicitó al Consejo Directivo del CPACF que cite a Monner Sans para que brinde más explicaciones sobre el proyecto.
La medida no fue bien recibida por los letrados. Carlos Bollaert, presidente de la Asociación de Abogados de la Procuración General de la Ciudad, opinó en el encuentro que “se intenta hacer justicia social pero con el dinero de otros”. A su vez, se lamentó de que Monner Sans esté “intentando violar la Ley de Colegiación, desconociendo el carácter alimentario de los mismos”.
“Esta medida estaría atentando no sólo contra el sueldo de los abogados, ya que los honorarios forman parte de su remuneración mensual, sino también contra el derecho adquirido de la retribución laboral por el trabajo que realizan”, aseveró a DiarioJudicial.com Eugenio Cozzi, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Además, agregó: “Es una decisión que consideramos ilegítima e inconstitucional”.
Por otra parte, mostró su apoyo al reclamo de los colegas de la Procuración porteña, y comentó: “Hasta ahora no hemos tenido una respuesta de parte de Monner Sans, pero aguardamos que el letrado nos brinde una explicación al respecto de su proyecto en nuestro organismo”.
En tanto, y ya que la Procuración porteña depende de la jefatura de Gabinete de la Ciudad, Cozzi envió una nota al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la que reafirmó su posición declarando que esta iniciativa representa un “ataque al derecho legítimo de los colegas de la Procuración a la percepción de sus honorarios profesionales”. Por ahora, no recibieron ninguna respuesta por parte de las autoridades.
“Esta medida viola la normativa vigente de la Ley 21.839 de Honorarios, por eso no podemos aceptarla”, cerró Cozzi.