Karina Yamile Pollice, fiscal de caso de la familia Pomar, está más cerca del juicio político. La Comisión de Normas de Enjuiciamiento para Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires remitió la denuncia en su contra a la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento.
La fiscal a cargo de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Pergamino, Karina Yamile Pollice, tiene una denuncia en su contra que este jueves fue elevada por la Comisión Bicameral de Normas de Enjuiciamiento para Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires a la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento. Se la acusa de mal desempeño durante la causa que investigaba la desaparición de la familia Pomar, cuyos integrantes fueron hallados muertos en su auto, en diciembre de 2009.
La funcionaria es acusada de cometer los delitos de "omisión, negación y retardo de actos de su oficio, incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento en los deberes inherentes a su cargo, en el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria mencionada que provocó, luego de 24 días de ineficiencia y negligencia, la aparición sin vida de Luis Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagran, y las hijas del matrimonio, Candelaria y Pilar Pomar”.
"De haber fiscalizado el cumplimiento de la orden impuesta por la misma Fiscal, con tan sólo tres
horas de rastrillaje pedestre hubiese esclarecido el hecho sin llegar a las hipótesis de investigación que mancharon el buen nombre de las víctimas”, precisó el presidente de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas.
Los Pomar fueron encontrados muertos en su auto, en un tramo de la ruta provincial 31 que comunica las localidades de José Mármol y Pergamino, hacia donde se dirigían. Por eso, cuando se realizó la denuncia de su desaparición, la fiscal ordenó la “realización de rastrillajes pedestres”.
Pero luego aclararon que a pesar de que la orden fue dictada, “jamás se llevó a cabo un rastrillaje pedestre en las rutas indicadas como camino a seguir por la familia Pomar, nunca lo llevaron a cabo las fuerzas policiales y la fiscal nunca supervisó que esto se llevara a cabo".
En la denuncia consideraron que si bien la medida fue correcta, la fiscal tendría que haberse encargado de "controlar, verificar y analizar el resultado de las diligencias dispuestas".
Además, aseveraron que "según la declaración de ella misma, hasta el diez de diciembre de 2009, fecha en la cual el Jefe Departamental le hizo entrega de fotocopias certificadas de las actas de búsqueda, nunca las había leído y mucho menos revisado, demostrando una total incapacidad, impericia y desidia en el ejercicio de la función investigativa que tenía asignada y de la cual era la única responsable, configurando ello sólo una falta gravísima a sus deberes de funcionario público".
La denuncia en su contra cierra asegurando que “los policías actuantes fueron separados de la Fuerza y tienen causas penales en su contra. Si la Fiscal era la responsable de la investigación, ¿no debería acaso ser juzgada también?”.