Hay varias iniciativas presentadas en la Cámara baja, aunque DiarioJudicial.com pudo saber que el debate recién comenzará cuando el Ejecutivo envíe su propio proyecto al Congreso. Este diario analiza las dos propuestas más disímiles entre sí presentadas en la cámara.
La Ley de Adopciones es una cuenta legislativa pendiente y prensenta varias aristas diversas, e interpretaciones que hacen tanto a lo eminentemente legislativo como a otros aspectos que atraviesan los proyectos de tinte tanto ideológico o moral. En este marco DiarioJudicial.com puso sobre la mesa dos de los proyectos presentados y que son disímiles entre sí. Las iniciativas elegidas son las de la diputada Maria Luisa Storani (UCR) y la de Cynthia Hotton (Valores para mi país).
La primera diferencia entre ambas iniciativas es lo que cada una entiende por adopción. Para la primera (Storani) “La adopción es una institución jurídica de orden público e interés social. No sustituye a la política social” y “se otorga por sentencia judicial”. Mientras que para el otro proyecto (Hotton) esta se otorga también por sentencia judicial pero no se define el concepto de adopción.
Otro punto que resulta característico es el derecho a la identidad por parte de quien es adoptado. En este sentido una de las iniciativas plantea que recién al cumplir los 18 años el adoptado “tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción”, así lo expresa la iniciativa de la diputada de Valores para mi País
. Mientras que el proyecto de la diputada radical expresa que el acceso al expediente es “sin límite de edad”. Asimismo se establece la obligatoriedad “de los padres adoptivos de dar a conocimiento la filiación de origen”.
Con respecto a los recursos de las familias y la adopción, una de las iniciativas explica que “la falta o carencia de recursos no es motivo suficiente para ser separado de la familia. Medidas de protección de acuerdo a los Art. 33 a 38 de la ley 26.061” (Storani), siendo obligación del Estado a brindar las políticas públicas que le permitan mantener el vínculo y la crianza de su hijo si una persona pretende dar en adopción por falta de recursos.
Mientras que la otra iniciativa sostiene que “las madres que expresen su decisión de entrega durante su estado de gravidez, al nacer el niño, dispondrá de asistencia profesional gratuita procurando mantener el vínculo, haciéndole saber que la falta de recursos materiales no constituye motivo de separación. Asimismo se dispondrá del apoyo y promoción social de acuerdo a los Art. 33 a 38 de la ley 26.06”.
Hotton también en su proyecto incluye una cuestión, por lo menos polémica, en su articulado puesto consigna: “Se faculta a la madre a entregarlo en forma anónima en hospitales públicos, salas municipales de primeros auxilios, destacamentos de bomberos y dependencias policiales y judiciales, sin incurrir en la conducta prevista en el artículo 106 del Código Penal”.
“El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años” consigna el artículo 106 del Código Penal.
Ante esto salió al cruce la Asesora General Tutelar, Laura Musa quien sostuvo que este proyecto permitiría la “entrega anónima” de los niños como se hacía en las antiguas sociedades de beneficencia. “Este procedimento no respetaría en absoluto el derecho a la identidad y, a la vez, posibilitaría situaciones de trata y tráfico de personas” concluyó.
Todos los proyectos existentes en el Parlamento estarán bajo el análisis de las Comisiones de Legislación General, cabecera en este tema, y la de Familia, Niñez y Adolescencia. De la primera de ellas se encuentra al frente la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), mientras que en la segunda, Claudia Rucci (Peronismo Federal) es la presidenta.
Según pudo averiguar este medio el debate concreto en las comisiones se comenzará a dar una vez que ingrese el proyecto que se encuentra elaborando el Poder Ejecutivo al respecto. Ello puesto que la presidenta de la comisión cabecera, se comprometió a comenzar el debate una vez que la propuesta “oficial” entre en la Cámara y no antes.