El Ministerio de Seguridad y cuatro fuerzas federales firmaron un convenio para promover la lucha contra la trata. Además de armar una base de datos para tener más información al respecto, buscan "tipificar el delito de trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionarlo". De esta forma, se tomarán acciones con el respaldo de la nueva legislación al respecto.
"El sistema que ponemos en marcha jerarquiza el rol de la información criminal para conocer mejor a estas organizaciones delictivas, identificar tendencias y elaborar diagnósticos que favorezcan la toma de decisiones estratégicas", aseguró la ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré.
Es que en el marco de las reformas a la Ley de Trata, la cartera que dirige Garré firmó un convenio con cuatro fuerzas federales para promover la lucha contra esta problemática.
Entre otras propuestas, la idea del acuerdo es crear el nuevo "Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SisTrata)", que dependerá de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Seguridad. Es decir, una base de datos con información relacionada a la Trata.
Con este sistema se podrá asistir a los investigadores “alertando también acerca de la posible comisión de delitos de trata de personas y los ilícitos conexos”.
Pero, además, la resolución prevé incorporar las recomendaciones realizadas mediante los diversos tratados internacionales que fueron realizados e incorporados en la legislación nacional a los fines de combatir el delito de la Trata.
"Para luchar contra la trata de personas se requiere de herramientas idóneas y adecuadas a las formas que adquiere este delito en la actualidad. Nuestras medidas apuntan a lograr un abordaje integral que revise y estudie las estrategias adoptadas por las Fuerzas de Seguridad y Policiales en lo que respecta a la delincuencia organizada desde una perspectiva interdisciplinaria", aseveró Garré.
Esta medida se acopla a otras iniciativas puestas en marcha desde otros organismos estatales: el convenio de capacitación acordado con la Corte Suprema de Justicia el 3 de agosto, el convenio firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 11 de agosto y los protocolos de intervención en el rescate de víctimas de Trata de Personas aprobados por la Ministra el 24 de agosto por Resolución 742/2011.
En el texto de la resolución, publicado en el Boletín Oficial, se consigna que "se requiere de herramientas idóneas para responder a las crecientes demandas de nuestra sociedad que reclama por mejores políticas coordinadas, para lo que se necesita un abordaje integral" sobre el delito de la Trata, por lo que resulta “imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos".