Una cámara al rojo vivo

Las internas judiciales suelen quedar en la intimidad de los tribunales y, aunque suelen ser vox populi, pocas veces se hacen públicas. Sin embargo, el duro enfrentamiento entre los jueces de la Sala D de la Cámara Civil, Patricia Barbieri, Ana María Brilla de Serrat y Diego Sánchez, llegó a tal nivel que “el campo de batalla” son los fallos.
 

Los magistrados sacan a relucir en las resoluciones sus diferencias personales y jurídicas con acusaciones cruzadas. El conflicto es tan grave que el pleno de la Cámara lo denunció en el Consejo de la Magistratura porque consideró que genera “gravedad institucional” y afecta a todo el organismo.
 

La mayoría de la Cámara apunta al juez Sánchez. No solo porque expone sus diferencias con sus colegas en los fallos, sino que también le reprochan no firmar las sentencias y retener los expedientes, según surge del acta del plenario del pasado 13 de septiembre, a la que accedió Diariojudicial.com, y de las fuentes consultadas. 
 

“Los integrantes de la mayoría del pleno–no todos- son más amigos de Brilla de Serrat que de la verdad”, le dijo a este medio Sánchez, el único de los tres jueces de la Sala D que aceptó hablar.
 

En el fuero civil hay mucha preocupación por el nivel del conflicto. “Como institución esto es tremendo porque nos salpica a todos”, opinó un integrante de la Cámara en estricto off de record, condición que pidieron todas las fuentes para hablar.
 

 

 

La jueza Brilla de Serrat pasó en octubre de 2006 de la Sala J –también por un conflicto con sus pares – a la D, donde estaba Sánchez. En tanto, Barbieri ascendió de la primera instancia a la Cámara en agosto de 2009.
 

“La Sala era un ejemplo de orden, de eficiencia, de calidad hasta que ingresó la jueza Brilla de Serrat”, sostuvo Sánchez.
 

La convivencia nunca fue buena –“Serrat no es fácil”, señalaron en la Cámara – pero el conflicto se incrementó hace un año cuando se comenzó a exponer en los fallos.
 

Allí se dejó de lado cualquier diplomacia y se encendieron las alarmas en el fuero.
 

“Las diferencias profesionales son las que resultan de los (des) acuerdos y de los votos. Hay ejemplos de autocontradicciones en las que incurren permanentemente; disidencias casi diarias en materia de intereses y honorarios, con sus antecedentes y cambios; también se individualizan muchísimas sentencias que se dictaron contra la ley y mi opinión fundada y, algunas incluso, en expedientes en los que había votado antes, en días que debí tomar licencia pero inmediatos a los que estuve en la Sala”, señaló Sánchez sobre sus colegas en diálogo con este medio.
 

El cruce más fuerte se dio en el fallo “López Traynor”. “Se dictaron sentencias sin mi participación”, dijo Sánchez al señalar que se emitieron fallos el día inmediato a empezar una licencia modificando su postura. También sostuvo que el voto de Brilla de Serrat y Barbieri “se caracteriza por estar desprovista de todo apoyo legal”.

 

Las juezas suelen no contestar los dichos de Sánchez. Pero este caso fue la excepción. “Que si la preocupación del Dr. Sánchez es hacer oir su voz en todas las resoluciones y sentencias que se dicta, que por cierto son más que numerosos, la mejor manera de hacerlo es tal vez haciendo menos uso de las licencias a las que alude en su voto aunque reglamentariamente le corresponden, pero mal puede pretender que se paralice el trabajo diario de esta Sala en su ausencia”, le contestó Barbieri.
 

La magistrada también afirmó que la postura de Sánchez excede los planteos de la causa y que solo “revelan enconos personales”. Además, le pidió al juez que “de persistir en consideraciones en sus votos que ponen en duda mi idoneidad como magistrada….a que ocurra por la vía y forma pertinente para efectuar sus `veladas denuncias`”.

 

En el fallo “Salas”, Sánchez señaló que sus colegas contradijeron la jurisprudencia del plenario “Gauna”. “No puedo entender que mis compañeras sigan dictando sentencias sabiendo que serán revocadas por arbitrarias, por inconstitucionales”.
 

En otro antecedente, “Karall”, el juez acusó indirectamente, sin nombrarlas, a las juezas de hacer “terrorismo judicial”. Sostuvo que los artículos 16 del Código Civil y 887 del Código Procesal Civil “establecen un orden de métodos o de fuentes del Derecho” y que “en el caso de que los jueces no respeten este orden, cometen terrorismo judicial”.

 

La disputa también se da en el terreno interno de la Sala. En el fallo “Karall”, Sánchez acusó a Brilla de “no concurrir nunca a ninguna de las visitas realizadas por la Sala a los Hospitales de Salud Mental Borda y Moyano”.
 

Las diferencias son tan conocidas que Sánchez habla en sus fallos de “solitarios votos” y que las disidencias son “lamentablemente lo que ocurre casi a diario”.

 

Brilla no contesta las acusaciones de Sánchez en los fallos. Solo adhiere o no al voto y deja a salvo su discrepancia “con las inconducentes referencias y digresiones por completo ajenas al litigio”.

 

Pero las diferencias no son solo con sus colegas de sala. Sánchez recuerda en los fallos que votó en contra de la designación de Claudio Ramos Feijóo como presidente de la Cámara por no haberse excusado en distintos expedientes. Ramos Feijóo es conocido con el apodo de “Pájaro” y Sánchez le dedicó con ironía, en el fallo “Delgado”, un párrafo aunque sin nombrarlo que es recordado en el fuero. “De un hombre que pretende ser pájaro, sin advertir que, amputado de sus raíces, sólo es un pajarón”, dijo citando un discurso de Bernardino Montejano en el Colegio de Escribanos de Buenos Aires, el 20 de noviembre de 2009.
 

 

 

Sánchez apunta el centro sus críticas a Brilla de Serrat. Sostiene que la mala convivencia que tuvo con los jueces de la sala J lo replicó con él al llegar a la sala D. “Como ella `es` el conflicto, continuó –ahora conmigo- en la Sala D”, señaló el magistrado que aceptó contestar preguntas por escrito.
 

El juez enmarca sus diferencias en cuestiones jurídicas pero también señala que Brilla no posee las condiciones para ser magistrada por lo que la denunció ante el Consejo por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública”, caso que tramita el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes, y además le imputa “violencia laboral”.
 

El magistrado sostuvo que Brilla fue nombrada en 1994 en la Cámara Civil, cuando no regían los concursos públicos, y que ese ascenso no fue ajeno a “relación estrecha de su marido con el ex gobernador bonaerense y actual diputado Carlos Ruckauf”. El marido de Brilla es el brigadier Francisco Roberto Serrat, quien fue agregado militar en Italia cuando Ruckauf era embajador en ese país.

 

“Hace cinco años que intento trabajar con la jueza Brilla de Serrat y, con este conocimiento, puedo afirmar que jamás hubiere sido designada por el Consejo según normas hoy vigentes, pues carece de los necesarios antecedentes personales o trayectoria, no hubiere aprobado –ni entonces, ni hoy- la prueba de oposición, ni los exámenes psicológico y psicotécnico”, sostuvo.

 

Sánchez afirmó que no se niega a firmar los fallos, como lo acusa la Cámara. “Aún con disidencias, fueron dictados regularmente hasta el 1º de agosto de 2011 en que se cambiaron por mis compañeras–con mi oposición al conocerlo- unilateralmente las reglas vigentes de los últimos cinco años en la Sala, pretendiéndose ahora que debía firmarlas sin poder –antes de imprimir como lo impone la lógica y la economía y como había hecho hasta entonces- corregir los errores que contenían y contienen”, explicó.
 

Para el juez hoy hay una sola salida al conflicto: “la remoción que he solicitado de la jueza Brilla de Serrat”.
 

 

 

La Cámara intervino en el conflicto y creó una Comisión de Enlace para mediar y planteó “17 pautas mínimas de convivencia”. Sin embargo, Brilla y Barbieri denunciaron que Sánchez no las cumplió.
 

La Comisión explicó la diferencia entre Brilla y Sánchez “se evidencia en los votos” de este último pero también en mecanismos internos como “los sorteos de causas, corrección de proyectos, visitas, el trabajo de la sala”.
 

El pleno de la Cámara se reunió el 13 de septiembre. Allí Barbieri dijo que la situación “se le ha ido de las manos” y que se llegó a “un alto grado de conflictividad”, con lo que coincidió Sánchez, quien agregó que como están las cosas “la problemática no tiene solución”.
 

Los 27 jueces que participaron del plenario coincidieron en que el conflicto tiene “entidad como para comprometer no solo el funcionamiento de esa Sala sino el de la Cámara, con evidente perjuicio de los justiciables y del servicio de justicia en general” y que excede su ámbito por lo que debe intervenir el Consejo.

 

Quien más enojado se mostró fue el juez Carlos Bellucci. Dijo en un voto propio que los dichos de Sánchez generan “una sorpresa desagradable” y que “salpica, sin duda, el prestigio que siempre tuvo y tiene esta Excma. Cámara”.
 

Lo criticó por “no firmar si no le pasan en soporte digital sus votos” y por “no suscribir los acuerdos ya conformados en soporte papel, lo que retrasa y complica la actividad y celeridad en la resolución de las cuestiones sometidas a decisión”.

 

Lo acusó de “falsedad configurada” por “impugnar actas que se tildan de proyectos cuando son definitivas” y por “citar precedentes (no como doctrina sino como opinión jurisdiccional cuando aún no han sido suscriptos)”. Y resumió que la conducta de Sánchez es “totalmente contraria al recto, razonable, equilibrado y respetuoso modo con que se impone ejercer la noble misión de juzgar”.

 

También criticó a Sánchez por calificar de “compañeras” a sus colegas, “como si la sala del tribunal que integran fuera algo así como un partido político”.
 

En el fallo “Iervolino”, Sánchez explicó que habla de compañeras “por la mayor precisión de su concepto y, especialmente, porque colega es un nombre ambiguo, mientras que compañero/a permite diferenciar el género”.

 

Por unanimidad, la Cámara envió el caso al Consejo pero con dos posturas. La de mayoría pidió que se investigue a Sánchez y lo exhortó a que “en sus votos guarde el debido estilo, sin incurrir en excesos innecesarios, a fin de impedir que sus diferencias trasciendan el ámbito que le es propio y afecten el prestigio no sólo de la Sala que integran, sino el de toda la Cámara”.

 

Y el voto de la de minoría, hizo el mismo pedido pero a los tres jueces.
 

El caso ya llegó al Consejo pero todavía no fue sorteado qué integrante lo tramitará porque desde entonces no se reunió la Comisión de Disciplina y Acusación.

 

Pero el tema ya empezó a hablarse en el Consejo. El senador radical Mario Cimadevilla le pidió al presidente de la Comisión, el diputado kirchnerista Carlos Moreno, que convoque de manera urgente a una reunión extraordinaria para analizar el conflicto.
 

“Nadie lo defendió”, sostuvo un testigo del plenario sobre Sánchez. “Brilla no es la más simpática pero en esto la Cámara está con ella”, agregó.

 

La preocupación por el conflicto es tan honda que en el Cámara recordaban que la última vez que se convocó a un plenario para denunciar a un integrante del tribunal en el Consejo fue en 1999 cuando fue detenido en Punta del Este el entonces magistrado Javier Ruda Bart acusado de robarse calzoncillos en un supermercado.