La Justicia Penal concedió la prisión domiciliaria a un preso que se encontraba, según se probó, "amenazado" y "hostigado" por custodios del Servicio Penitenciario Federal. La denuncia había sido presentada por la Procuración Penitenciaria y tuvo respuesta de la CIDH y del Relator Especial de la ONU.
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) disponga medidas cautelare y que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, Juan Méndez, realizara un llamamiento urgente al Estado argentino, la Justicia Penal decidió conceder la prisión domiciliaria al interno que se encontraba siendo amenazado y hostigado por custodios del Servicio Penitenciario Federal.
La medida fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 13 que resolvió conceder el beneficio al interno conocido como L.T. La medida se conoció recientemente aunque fue firmada por los magistrados que integran el tribunal el pasado 25 de noviembre.
Allí los jueces explicaron que “dada la especial situación física del nombrado, considerando que las quemaduras del 60% de su cuerpo sucedieron mientras se encontraba alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, los inconvenientes planteados por él con la custodia del organismo” y “las recomendaciones de los organismos internacionales”.
En la causa el fiscal sostuvo en su dictamen que “en el presente caso nos encontramos ante una situación que permitiría acceder a tal beneficio ya que estamos frente a un condenado que sufrió graves lesiones justamente en el lugar de detención” y agregó: “advierto la situación hostil e insegura dentro de la unidad penitenciaria, que se encuentra investigado ante un juez competente, lo cual nos permite aseverar que existe posibilidad cierta de que el nombrado se acoja a la prisión domiciliaria”.
Desde la Procuración Penitenciaria destacaron que la decisión del tribunal es “no sólo un precedente novedoso, sino también un importante llamado de atención sobre el tratamiento de los casos de torturas en nuestro país”.
Desde junio de 2009, L.T. se encuentra privado de su libertad en dependencias o bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal. En noviembre y diciembre de 2010 el interno se comunicó en diversas oportunidades con la P.P.N. para informar que estaba siendo hostigado y amenazado por personal penitenciario del Complejo Federal de Marcos Paz, en donde se encontraba alojado.
Es que el interno “estaba siendo hostigado y amenazado por algunos de sus custodios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a raíz de una denuncia judicial que había realizado años atrás por malos tratos” y que involucra como imputados a personal del Instituto de Menores “Manuel Belgrano”.
Según detallan desde la Procuración en diciembre del 2010 otro detenido denunció que personal del Complejo Federal II “le encomendó que matara a L.T. y le entregó un bisturí para perpetrar el ataque. El recluso se negó a realizar el atentado, puso en conocimiento de L.T. tal situación y el defensor oficial de turno denunció judicialmente el hecho” que quedó radicado en el Juzgado Federal N° 1 de Morón.
Luego de declarar en el juzgado por esta denuncia “ambos detenidos fueron brutalmente golpeados por agentes penitenciarios y encerrados varios días en celdas de castigos”. Y luego el interno que denunció lo que le habían encomendado se cosió la boca con alambre en señal de protesta.
Ya en enero del 2011el interno recibió otra feroz golpiza por parte de agentes penitenciarios del Complejo Federal II y a fines de ese mismo mes “se inició un incendio en el interior de la celda individual de L.T., mientras este se encontraba descansando en la celda N° 9 del Pabellón N° 7 del Modulo III del Complejo Federal de Marcos Paz”, explican desde la Procuración.
Luego de estar internado varios meses, ya que sufrió quemaduras del 60 % de su cuerpo, fue trasladado al Hospital Municipal de Marcos Paz y luego derivado al Hospital de Quemados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde permaneció inconsciente y en grave estado durante varios meses. En agosto de 2011, es trasladado al Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” por orden judicial para someterlo a un tratamiento de rehabilitación de las secuelas de las quemaduras sufridas custodiado por personal del SPF que hostigo y amenazo a los familiares del interno.
Sin embargo, el TOC N° 13 había ordenado devolverlo a la órbita del SPF momento en que la PPN realizó una presentación documentada resaltando que las medidas cautelares dispuestas por la CIDH y el llamamiento realizado por el Relator especial, tras lo cual el TOC decidió otorgarle la prisión domiciliaria.