La Asociación de Pensamiento Penal advirtió que la Argentina se encuentra en condiciones de "ser condenada" por organismos internacionales por “graves violaciones a los Derechos Humanos en procesos”. Se refirieron a dos imputados por un crimen de 2007 en Santiago del Estero.
La Asociación de Pensamiento Penal advirtió que la Argentina se encuentra "pausible de ser condenada" por organismos internacionales por la privación arbitrarias de la libertad de dos personas que se encuentran imputadas por el asesinato de otra en Santiago del Estero en 2007.
El caso al que hace referencia la organización no gubernamental es el de Marcelo Santiago Tello Ferreyra e Iván Andrés Bressan Anzorena, quienes se encuentran privados de su libertad en la provincia de Santiago del Estero, imputados por el homicidio del ciudadano colombiano Michel Agudelo Córdoba, ocurrido el 19 de marzo de 2007 en la localidad de Añatuya.
Para la organización, el Estado podría ser condenado por los organismos internacionales “por graves violaciones a los derechos humanos de personas sometidas a proceso penal”.
Según detallan, Bressan Anzorena fue detenido el 27 de marzo de 2008, mientras que Tello Ferreyra lo fue el 13 de mayo de 2008. “Ambos fueron apresados sin que mediara orden escrita y fundada de un juez que así lo dispusiera y mantenidos en estado de incomunicación, sin permitírseles mantener contacto con familiares o abogado defensor, durante siete días en el primer caso, y doce días en el segundo”, consignan.
Mientras se encontraban incomunicados ambos fueron objeto de toda clase de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la fuerza policial. Bressan Anzorena, por ejemplo, recibió golpes en todas partes del cuerpo, la colocación de bolsas de plástico en la cabeza para producir asfixia y hasta se le aplicó corriente eléctrica en los testículos; mientras que Tello Ferreyra también recibió golpizas y permaneció doce meses alojado en un sótano, sin ventilación ni luz natural.
“Las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de que fueron objeto los nombrados no han sido investigadas, a pesar de haber sido denunciadas”, destacaron.
Desde hace más de tres años y medio ambos se encuentran privados de la libertad sin que se les haya realizado un juicio “lo que a todas luces aparece como una dilación indebida y una grave violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.
Ello porque se encuentran “sin que se haya dictado una sentencia que dilucide su participación y responsabilidad en el hecho que se les atribuye”, asimismo, “la prisión preventiva que sufren los nombrados se ha transformado en un anticipo de pena ya que se excede con holgura cualquier fin cautelar que se pudiera invocar”.
Todo esto configura para la Asociación una “situación precedentemente narrada configura una clara violación a elementales derechos y garantías consagrados por la Constitución nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, de los que la República Argentina es tributario y se ha comprometido a respetar y hacer cumplir”.
El caso ya ha merecido la atención del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Naciones Unidas, que el pasado 17 de noviembre aprobó la Opinión 52/2011 por la que determinó que la privación de la libertad que los imputados “es arbitraria, reclamando al Estado argentino el cese inmediato de la misma y la investigación de las torturas sufridas”. Pero “as autoridades judiciales santiagueñas han hecho caso omiso a los numerosos hábeas corpus deducidos y pedidos de excarcelación, encontrándose la causa con una nueva prórroga a los fines investigativos”.
Desde la Asociación concluyeron que “la justicia no puede ser realizada de cualquier forma y que los fines, por más legítimos que sean, no justifican el empleo de medios ilegítimos y espurios” ya que “todo parece indicar que las autoridades judiciales santiagueñas han recurrido a medios completamente ilegítimos para la realización del proceso” lo que “termina por deslegitimar la intervención estatal que, recordamos, sólo puede ser realizada bajo las normas del estado democrático de derecho”. Por lo que reclaman “el inmediato cese de la detención arbitraria”.