04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024
Solidaridad del Consejo con el juez español

Todos con Baltasar Garzón

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, presentó un proyecto de declaración en apoyo al juez español Baltazar Garzón. Si bien fue puesto a consideración de los demás integrantes del órgano Judicial, el apoyo hacia el magistrado español es casi total.

 

El 9 de febrero pasado la Sala Segunda en lo Penal del Tribunal Supremo de España condenó al juez Baltasar Garzón a la pena de inhabilitación de sus funciones por el plazo de 11 años, con lo que el magistrado dio por terminada su carrera en la Justicia, donde investigó crímenes de lesa humanidad sucedidos tanto durante el franquismo, como también, durante las dictaduras militares en Argentina y Chile.

El fallo de la Justicia española conmocionó a los poderes judiciales de diferentes lugares del mundo que se solidarizaron con Garzón. Los consejeros de la Magistratura Nacional no fueron menos, ya que Hernán Ordiales presentó un proyecto que está en consideración declarando el apoyo de la institución al juez español.

El TS de España se manifestó por unanimidad al fallar en contra del magistrado por su desempeño al investigar la causa “Gürtel”, donde había 71 imputados por casos de corrupción relacionados con el Partido Popular, órgano político dirigido por Mariano Rajoy, actual Presidente del Gobierno español. 

En el fallo, los miembros del TS lo compararon con los tiempos de la dictadura española, aseverando que colocó a “todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada del proceso penal liberal moderno”.

En la reunión de este jueves, el consejero Hernán Ordiales aseguró que su intención no era desestimar las decisiones de tribunales extranjeros, pero sí consideraba importante manifestar el apoyo a un juez que demostró en sobradas oportunidades su capacidad para entablar procesos de gran complejidad.

“Sin perjuicio de la resolución adoptada por el Superior Tribunal Español, resulta oportuno destacar que Baltasar Garzón ha desarrollado a lo largo de su carrera como Juez,  una encomiable y valiente labor en favor de los Derechos Humanos”, precisó Ordiales en su proyecto.

Garzón trabajó “procurando el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado, y la condena de sus responsables,  aplicando el principio de justicia universal o extraterritorialidad consagrados por la normativa internacional, los que han tenido favorable acogida tanto por el  Tribunal Superior, como por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional de España”, dice el documento.

“Ha prestado una invalorable colaboración en la búsqueda, detención y juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la instauración de las dictaduras militares que tuvieron lugar en Latinoamérica durante la década del ’70 en el marco de la llamada ‘Operación Cóndor’”, consignó el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo.

“En ese contexto, investigó los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles por parte de la dictadura militar que ejerció el gobierno de facto en la República Argentina entre los años 1976 y 1983, logrando  la detención y posterior extradición a España del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, integrante de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),  así como la detención de otros noventa y ocho militares argentinos, imputados de crímenes de lesa humanidad.”

Por eso, Ordiales propuso “declarar el  apoyo al Juez español Dr. Baltasar Garzón, en reconocimiento a su valiosa colaboración en  favor de los Derechos Humanos así como en el esclarecimiento, juicio y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado tanto en la República Argentina como en otras naciones del mundo”.

También pidió “ratificar la independencia e imparcialidad de los magistrados en el ejercicio de su función, como principios esenciales para una eficaz prestación del servicio de justicia”.



dju

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