En esa oportunidad, algunos consejeros pidieron que la reunión fuera privada, dada la complejidad de las causas que investiga Marquevich, sobre todo el expediente conocido como “Operación Strawerry”, donde se incautaron cerca de 2000 kilos de cocaína. Finalmente, el presidente de ese cuerpo, Pablo Fernández, señaló que si Marquevich declara mañana, la audiencia será pública. Por otra parte no se descartó que el magistrado declare por escrito, posibilidad con que especularon voceros de algunos consejeros al cierre de esta edición.
El juez Marquevich fue citado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura a declarar según el artículo séptimo del reglamento de ese cuerpo, para formular aclaraciones sobre los hechos formulados en la denuncia por las que tiene pedidos de juicio político por mal desempeño en su función.
El consejero Gersenobitz, propuso tomar una determinación en relación al expediente que se tramita en ese cuerpo contra el magistrado por “supuestas irregularidades” en algunas causas que investiga, entre las más conocidas “Operación Strowberry”, donde se incautaron 2000 kilogramos de cocaína.
Gersenobitz señaló que la Cámara Federal de San Martín tiene los elementos suficientes como para demostrar los contactos que había mantenido Marquevich, con una de las empresas de Alfredo Yabrán y que con éste último había tenido 44 comunicaciones.
Luego –prosiguió Gersenobitz- cuando lo recusó la Cámara , el magistrado negó algún tipo de comunicación”. Otro de los manejos sospechosos, según indicó el consejero, fue el viaje a Alemania que hicieron el magistrado con un secretario de juzgado y el comisario Mario Naldi. Al respecto de esto último Gersenobitz manifestó que “la Corte negó haber pagado dicho viaje” y que “no hay ningún responsable de haberlo pagado”.
“La conducta es poco adecuada con el desempeño del juez”, prosiguió Gersenobitz. “Marquevich investigó a grandes empresas como Sevel y la Cámara terminó revocando las sentencias, porque el magistrado juntaba distintas causas contra empresas y las convertía en una sola. Hay 24 sentencias con pena de prisión revocadas”, argumentó el letrado.