Son palabras de Félix Diaz, lider Qom, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se celebró una audiencia sobre la situación de los Pueblos Indígenas en el país. Los detalles y el audio completo de la audiencia.
En el marco del 144 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó una audiencia pública sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Argentina. Representantes de organizaciones no gubernamentales y del Estado Argentino estuvieron frente a los comisionados Rodrigo Escobar Gil, Felipe González y Rosa María Ortiz.
La audiencia comenzó con un saludo en mapuzumgun (lengua mapuche) realizado por Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), y la palabra de un representante del Cels y de Felix Diaz, líder de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh- La Primavera.
Silvina Zimmerman, del Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), sostuvo que “los pueblos indígenas son un grupo relegado que sufren desventajas históricas” y explicó que “cuando realizan estrategias de defensa de sus territorios sufren la criminalización de la Justicia”.
“Pese a la obligación internacional de delimitar y titular las tierras esto no ha sido realizado” explicó y agregó que “se siguen produciendo desalojos, incluso ordenados por el Poder Judicial en contra de la ley 26.160”, ley que establece la emergencia territorial y suspende los desalojos.
Además, “las comunidades indígenas tienen que enfrentar la paradójica situación de que la Justicia los persigue acusándolos por el delito de usurpación en sus propias tierras”, consignó Zimmerman y ejemplificcó con el hecho de que en Neuquén y Río Negro hay cerca de 300 mapuches imputados y perseguidos por la Justicia Penal.
“No existe una norma de ninguna jerarquía que regule procedimientos de consulta y participación” explicó y agregó que de la reunión no participó nadie referente al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), como un ejemplo de la actitud del Estado Argentino.
Félix Díaz, líder de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh- La Primavera, relató ante la CIDH los ataques padecidos por las comunidades por parte de quienes ocupan las tierras o explotan sus recursos. “Los indígenas nunca fuimos ladrones; todo lo contrario, somos el equilibrio de la naturaleza”, dijo y agregó que “los indígenas, que antes eran cazadores, ahora son ‘cazados’ por los estancieros”.
“Existe un vacío en las políticas públicas. De no ser así, no habría asesinatos, desalojos y violencia”, expresó la referente de la comunidad mapuche, Verónica Huilipan.
Por su parte, por el Estado argentino asistieron representantes de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Javier Salgado y Andrea Gualde, quienes presentaron un informe que releva las políticas públicas implementadas desde 2003 para la situación de los pueblos indígenas en la Argentina.
En la actualidad se encuentran relevadas 305 comunidades y más de tres millones de tierras explicó Andrea Gualde. Respecto del acceso a la Justicia explico que en la propuesta de reformas al Códog Civil seiIncorporará de la propiedad indígena al Código Civil.
Los relatores les preguntaron, entre otras cosas, sobre la existencia o no de la consulta previa para los proyectos que afecten a las comunidades indígenas y la utilización de interpretes en las causas judiciales. “Internamente se asumió el convenio 169” pero “el derecho a la consulta no está reglamentado” explicó Verónica Huilipan. Mientras que el Estado no respondió en la audiencia y anunció que responderá por escrito.
“La situación que viven los miembros de los pueblos indígenas en la Argentina había sido motivo de preocupación por diversos organismos internacionales. En 2010 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención por las violaciones a los derechos de esas comunidades, al igual que lo hizo al año siguiente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
A su vez, en 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén, instando a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares”, explica un comunica del CELS.