La denuncia fue formulada por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Edgardo Liurgo, en el juzgado federal 10 a cargo de Gustavo Literas, a quien le reclamaron la "indagatoria" del presidente, ofreciendo como prueba el mensaje emitido el pasado 10 de noviembre por televisión, en el que aparecen De la Rúa y el ministro de Economía José Luis Machinea.
Según los denunciantes, en ese mensaje, así como también en las publicaciones de los días subsiguientes, queda de manifiesto que De la Rúa se mantendría "en su postura de eliminar por decreto el régimen de jubilaciones y pensiones, regido por la Ley 24.241 modificada por las leyes 24.347, 24.733 y 24.736, que rige a nivel Nacional el sistema integrado de previsión social de reparto, garantizado por el Estado Nacional mediante la norma establecida en el articulo 14 bis de la Constitución Nacional".
"La decisión del primer mandatario y sus ministros y secretarios de estado, -señala la denuncia- tendría como propósito desconocer la letra y el espíritu de la Ley suprema de la Nación, que en su articulo 14 bis dispone: “El estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable”.
Asimismo y en tal sentido, los denunciantes sostienen que "la pretendida tranquilidad y calma del sistema financiero implicaría lisa y llanamente desbaratar los derechos y garantías constitucionales y ampliar más la esfera de ausencia y desamparo del estado sobre cuestiones que son indelegables".
Sostienen, además, que "de acuerdo a las constancias de las publicaciones el único perjudicado es el habitante de este suelo qué ve cercenado su derecho a la previsión social cediendo una parte de su esfuerzo a empresas que lucran, como primer y único objetivo, mientras el estado que debe garantizar la función social que emana de la constitución oficia de anfitrión en la mesa de negociaciones donde el gran ausente es el ciudadano".
De esa forma, se invierte "el privilegio sobre el sistema financiero nacional e internacional a quien se le garantiza la entrega del sistema estatal de jubilación de reparto para que de esa forma se logre el apoyo, por los denominados, en abstracto, mercados".
También denuncian el "aumento indiscriminado" en la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años que "violenta los derechos adquiridos".
Por último, sostienen que "con esta política de “seducción” a los mercados, los integrantes del ejecutivo acometerían contra el orden jurídico establecido en grado de ilicitud criminal" por lo que denunciaron la posible infracción a los artículos 260, 248 y 173, inciso 7 del Código Penal.