La última sesión en Diputados no sólo avanzó en la inclusión en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de los tratamientos de Fertilización asistida sino que, también, alcanzaron media sanción proyectos con alteraciones en materia laboral, como la caducidad de las sanciones e indemnizaciones de los trabajadores.
No fue casual el faltazo al acto del día miércoles de uno de los asesores letrados de la Confederación General del Trabajo (CGT) y diputado nacional, Héctor Recalde (FpV), al acto en Plaza de Mayo organizado por Hugo Moyano. Es que varias iniciativas impulsadas por el legislador tuvieron media sanción en última sesión de la Cámara baja.
En una reunión cuyo principal tema fue la inclusión en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de la cobertura de los tratamientos y procedimientos de fertilización asistida los también se trataron varios proyectos que lograron media sanción y que tienen que ver con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Una de las iniciativas que lograron media sanción incorpora a la LCT el artículo 68 bis que consigna que “transcurridos doce (12) meses de la aplicación de una sanción disciplinaria no se la podrá tener en cuenta a ningún efecto”. Recalde, durante la sesión, explicó que “lo que no se puede hacer después del año de cumplida o terminada esa sanción es invocarla para aplicar otra” y “por eso se habla de la preclusión de esos actos”.
En contra de este proyecto se alzó Julián Obiglio (Pro) quién sostenía que “las sanciones disciplinarias pueden ser tenidas en cuenta cuando uno quiera” ya que “obre la base de eso uno puede ir evaluando el desempeño de un trabajador” y “todas las personas deben ser evaluadas”. Sin embargó su posición no prosperó y el proyecto fue aprobado con 135 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones.
Uno de los pocos proyectos referidos a la normativa laboral y que no fue impulsado principalmente por Recalde y que también logró media sanción es una referente a la deducción de las in¬demnizaciones percibidas. Es una iniciativa impulsada por Juan Pais (FpV) y que posee por objetivo impedir la indexación de los montos por indemnización que se le pueden deducir a un trabajador en caso de un segundo despido.
La iniciativa, aprobada por 139 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones, donde la norma sostiene que “en ningún caso la indemnización resultante po¬drá ser inferior a la que hubiera correspondido al trabajador si su período de servicios hubiera sido sólo el último y con prescindencia de los periodos anteriores al reingreso” en su modificación al artículo 255 de la LCT.
“La ley establece que en el supuesto de un segundo despido sin causa donde haya que indemnizar, se deducen las indemnizaciones ya pagadas”, explicó el diputado informante Recalde durante la sesión. Aunque Carlos Favario (Democrata Progresista) sostuvo que con esta ley “se está desalentando a los empleadores a que vuelvan a retomar a algún empleado que había sido despedido”.
También se dio media sanción con 145 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, al proyecto que modifica el artículo 73 de la LCT y que prohíbe al empleador “ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averi¬guaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador”.
Además se aclara que el trabajador “podrá expresar libre¬mente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas”. Obiglio planteó nuevas objeciones y propuso eliminar tal prohibición “al momento de la contratación”, lo que para el autor del proyecto, Recalde, “sería confesar la posibilidad de discriminar que tiene el empleador al momento de contratar”.
Otro de los proyectos que también avanzó, y que ahora pasó al Senado, es uno incorpora en el artículo 140 el inciso l) que establece que en el recibo de sueldo debe figurar la “identificación del convenio colectivo de trabajo aplicable”.
La última de las iniciativas con media sanción es la modificación al artículo 72 del Régimen de Contrato de Trabajo, los sis¬temas de control de los trabajadores donde “en todos los casos deberán tener la aprobación de la autoridad administrativa del trabajo, la que consultará a la asociación sindical representativa de los trabajadores”.
“La autoridad administrativa del trabajo está facultada para verificar que los sistemas de control empleados por la empresa no afecten en forma manifiesta y discriminada la dignidad del trabajador” consigna el texto de la iniciativa remitida a la Cámara alta con 141 votos a favor.
Fertilización Asistida en el PMO
La iniciativa protagonista de la sesión fue la incorporación al Plan Médico Obligatorio (PMO) de la cobertura de los tratamientos y procedimientos de fertilización asistida. En concreto la Ley garantiza “el acceso integral a los tratamientos médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida”.
Incluyendo “a los tratamientos o procedimientos realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo”, es decir, “las técnicas de baja a alta com¬plejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones”.
Siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud y que “deberá estable¬cer cuáles técnicas y procedimientos serán habilitados a tal fin, e incluir progresivamente nuevas técnicas desarrolladas por los avances técnico-científicos”. Asimismo se aclara que no se podrán “introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios”.