La reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación dejó muchos temas resueltos a través de desestimaciones y otros tantos, de relevancia, quedaron postergados. Las actuaciones de una jueza en torno a la toma de la fábrica IMPA, y la reelaboración de un proyecto en torno al expediente contra el juez Conrado Bergesio son algunos de los casos resonantes.
La sesión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura fue, de todos los encuentros realizados en el órgano este jueves, el más extenso. Se debió, principalmente, a los expedientes que involucraban al juez federal Walter Bento, aunque definitivamente no fue el único eje tratado con detenimiento por los participantes de la reunión.
Pero, sin embargo, muchos temas fueron despachados rápidamente. Así sucedió con nueve expedientes que recibieron desestimaciones in limine, y nueve más que simplemente fueron desestimados, entre los que se encontraban otros casos contra Bento y el juez Axel López, por ejemplo, o los camaristas del fuero Criminal y Correccional, Julio Marcelo Lucini y Luis María Bunge Campos.
Hubo, de todas formas, varias postergaciones en casos que deberán esperar hasta agosto para ser tratados, como consignaron los consejeros. Es el caso de la acumulación de expedientes en torno a denuncias contra el juez Conrado Bergesio, cuya situación es particular y cuyo dictamen deberá ser reelaborado debido a que el magistrado renunció durante el año pasado, por lo que se discutió cuál era el correcto desenvolvimiento del asunto.
Los expedientes en cuestión tres: “Bello, Matías c/Dr. Bergesio, Conrado (juez federal)” y sus acumulados “Arroyo Salgado, Sandra (jueza) s/Presentación en causa ‘Barnes de Carlotto s/Denuncia’” y “Kunkel, Carlos (Consejero) c/Titular del Juzgado Criminal Correccional Federal 2 de San Isidro – Dr. Bergesio, Conrado”.
Bergesio es el ex magistrado que impidió que las Abuelas de Plaza de Mayo realizaran el cotejo de las muestras de ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, Marcela y Felipe, con su base de datos.
Sucedió la misma situación con el caso “TOCF de Bahía Blanca – Remite actuaciones relacionadas con la actuación Dr. Álvarez Canale, Alcindo”, que deberá ser reelaborado debido a la situación laboral del ex juez.
En tanto, y en un punto del orden del día que resultó debatido, se aprobó la citación por el artículo 20 del juez bahiense Gustavo Duprat. No había discusión en torno a que debía concurrir a declarar al Consejo bajo ese precepto normativo del órgano, pero sí en relación a cuál era el motivo.
Mario Fera, quien tuvo el expediente a su cargo, aseveró que debía ser por falta disciplinaria. Duprat está involucrado en un caso donde su relación con presuntos criminales que actuaron durante la última dictadura militar. Así es que el presidente de la Comisión, Carlos Moreno, se opuso y explicó por qué debía ser citado por mal desempeño: “Si realiza la declaración y no se obtienen los elementos para comprobar la falta disciplinaria, entonces el juez quedará libre de culpa y cargo en un caso que a las claras tiene elementos para ser puesto de relieve”.
En una cuestión de vital importancia, también se trató el expediente 110/11, caratulado “Hermosi, Sebastián Leonardo y Murúa, Eduardo c/Dres. Vitale, Héctor y Míguez, María Isabel”, donde se cuestiona el accionar de los magistrados en torno a la causa llevada adelante por la toma de la fábrica, actual cooperativa, IMPA, en el barrio porteño de Almagro.
Allí, los magistrados habían declarado la inconstitucionalidad de una Ley sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde se declaraba que la fábrica era de los trabajadores. La iniciativa había sido aprobada por una amplia mayoría y habían convergido sectores oficialistas y de oposición. Los consejeros, al entender que este punto era fundamental, decidieron postergar su tratamiento.