"Persiste una brecha entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real"

El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, presentó su informe sobre la situación actual de los pueblos indígenas en el país y sostuvo que “persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.

Ello más allá de reconocer que el Estado “ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país”. No obstante consignó también la existencia en el país de una “grave inseguridad jurídica de tierras indígenas”.

”La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación”, explicó Anaya en el informe.

Por ello, realizó el llamado a que se “suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas”.

Además instó al Estado a “adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios como de particulares”.

En referencia a los emprendimientos agropecuarios y de desarrollo de industrias extractivas en territorios ancestrales, el Relator afirma que “se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas” con el objetivo de obtener “su consentimiento libre, previo e informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos humanos”.

Asimismo, “se deben tomar medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta”.

El documento, que releva la información reunida por Anaya durante su última visita oficial a nuestro país entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011, fue presentado a través de una videoconferencia, ya que Anaya se encontraba en Suiza, y realizada en la sede que la ONU posee en la Capital Federal.

Opiniones

Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels) se pronunciaron con respecto al informe. Diego Morales, director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS, explicó que “el informe del Relator cobra especial relevancia en un contexto en el que distintas comunidades indígenas de nuestro país son sometidas a continuos desalojos de sus tierras, como la comunidad diaguita de Indio Colalao la semana pasada en Tucumán”.

Asimismo, destacó que el informe “contempla aristas comunes que presentan los diversos conflictos por las tierras indígenas; como la cesión de tierras tradicionales a particulares por parte del Estado, la ocupación de territorios por familias criollas que desarrollan actividades económicas que afectan el modo de vida de las comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta, y la ausencia de delimitación y titulación completa del territorio”.

Por su parte, el diputado Nacional Jorge Cardelli (Proyecto Sur), destacó la importancia del informe ya que “la situación de ciertas poblaciones en Formosa, Neuquén y Salta es tan crítica y con tan pocas respuestas del Ejecutivo Nacional que se deben agotar todas las instancias internacionales para poder encontrar una resolución, y que se hagan efectivos estos derechos".

Cardelli, presentó un proyecto de Ley para detener los desalojos en los que se ven hostigadas las comunidades originarias y los pequeños campesinos que se encuentra en el Congreso de la Nación.