La acción fue presentada hoy -una hora después de iniciado el paro- por los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y quedó radicada en el juzgado de instrucción a cargo de Alberto Baños.
La presentación fue formulada en virtud de las declaraciones de distintos funcionarios del gobierno "anunciando la represión de quienes participen en cortes de ruta, ollas populares o manifestaciones", según indicaron los denunciantes, Daniel Stragá, Gabriel Lerner y María del Carmen Verdú.
Los letrados consideraron que la situación "de las personas a favor de las cuales se promueve la denuncia se encuadra en la previsión del inciso primero del artículo 3o. de la Ley 23.098", al denunciar "un acto de autoridad pública que implica limitación o amenaza actual de libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente".
Asimismo, mencionan la existencia de "graves antecedentes" que justifican una presentación preventiva, entre ellos los asesinatos del obrero Víctor Choque, ocurrido en Ushuaia el 15 de abril de 1995; el de Teresa Rodríguez en Cutral Co, el 15 de abril de 1997, Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes, el 17 de diciembre de 1999 y hace apenas una semana, el caso de Aníbal Verón en Tartagal, Salta.
"También debemos recordar episodios como el ocurrido en el mes de abril pasado en la Plaza Congreso, cuando personal de la policía federal hirió a manifestantes sindicales, entre ellos al Secretario General de la UEJN, Julio Piumato, quien recibió un balazo en los genitales", indicaron.
Por último, indicaron que las manifestaciones "del descontento popular, acompañadas las mas de las veces de reivindicaciones elementales que pueden resumirse en la consigna Dignidad, Pan y Trabajo, han sido reprimidas por las autoridades nacionales y locales con variada intensidad. No podemos recordar, en los últimos años, episodios de protesta social como el que viviremos en las próximas horas, que no sufriera duras represiones".