Los legisladores chubutenses aprobaron el inicio del juicio político contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia por la denunciada anulación de un fallo en el que se absolvía a tres jóvenes por el crimen de Rodrigo Méndez. Desde la Legislatura afirmaron que el pedido cumplía con los requisitos para su admisión.
“Esta interferencia que vislumbramos puede proyectarse negativamente, condicionando la conducta de los Jueces en este u otros casos futuros, no puede ser admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), garante de la independencia del Poder Judicial”, aseveraron en una acordada los integrantes del Máximo Tribunal provincial de Chubut.
Ocurre que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura chubutense aprobó por unanimidad el pedido de juicio político formulado contra los integrantes del STJ en relación a la anulación de un fallo de la Cámara del Crimen de Trelew en el que se absolvía a tres jóvenes acusados de estar involucrados con el asesinato de Rodrigo Méndez, ocurrido en esa provincia en 2007.
Quienes habían intervenido en esta cuestión y consideraron necesario un nuevo proceso fueron Fernando Royer, Daniel Rebagliati Russell y Alejandro Panizzi.
En su acordada, los integrantes del STJ afirmaron que de realizarse el juicio político “implicaría una gravísima ingerencia a la esfera de competencia atribuida al Poder Judicial por la propia Constitución Provincial y regulada en los artículos 162 y 249”. En ese mismo orden destacaron que su decisión fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación, y que el expediente “fue reenviado a la instancia de origen conforme el procedimiento vigente”.
Asimismo, y en esta línea de razonamiento, agregaron: “Esto no excluye, claro, que aquellos supuestos que puedan involucrar a las decisiones de los Magistrados, que sean tildadas de irregulares por los órganos jurisdiccionales de control. En el caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha examinado el litigio y ha homologado la solución, sin observaciones”.
Luego de la decisión tomada desde el órgano legislativo, aún resta esperar el dictamen de la Comisión Investigadora, que en los próximos 40 días deberá establecer si corresponde llevar a cabo el proceso contra los magistrados del STJ, y si hay elementos suficientes en su contra.
Los legisladores precisaron: “la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia dictaminará acerca de la admisibilidad formal de la petición, sobre la base de las disposiciones contenidas en la presente Ley (en referencia a la normativa sobre juicios políticos), el que será tratado y despachado observándose el trámite previsto en el Reglamento Interno de la Cámara”.
Así que, de contar con el aval de la Comisión Investigadora, la Sala de Acusar podrá llevar a cabo el proceso de remoción de los magistrados.
La Sala está integrada por Javier Cisneros, Eduardo Daniel, Alejandra Jonhson Táccari, Adolfo Mariñanco, Argentina Martínez, Anselmo Montes Segovia, Gustavo Reyes, Félix Sotomayor y Elva Willhuber, integrantes del Frente para la Victoria, y Roddy Ingram, José Karamarko y Mirtha Romero, de la agrupación Modelo Chubut.