El Colegio de Abogados santafesino se pronunció sobre el conflicto que sostienen los jueces y el Ministerio de Justicia de esa provincia por el proceso de selección de magistrados, duramente cuestionado por el rol que cumple el Ejecutivo en ese respecto.
“Los Magistrados están intentando pintar un panorama de desesperación que no es tal. Lo están haciendo porque están disconformes con los mecanismo de selección de jueces y el proceso de implementación de la Reforma Procesal Penal”, aseguró el ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, con respecto a las críticas que recibió de parte de los jueces de esa provincia con respecto al rol del Estado en torno a la prevención de delitos.
Asimismo, los magistrados destacaron “la grave situación que afecta a la estructura de recursos humanos con la cual debe prestarse el servicio de justicia. A la situación del fuero penal santafesino, donde la Cámara de Apelaciones respectiva cuenta, en la actualidad, con sólo la mitad de sus Vocales en funciones, se agregan otras circunstancias que afectan de la misma manera el normal desarrollo de la función”.
Ahora, al cruce que involucra la cuestión sobre la selección de magistrados y las críticas a la función del Ministerio de Justicia, se sumó la opinión del Colegio de Abogados de Santa Fe, desde donde declararon que “las confrontaciones y ataques mediáticos de las últimas semanas” entre la Justicia y el Ejecutivo “agravan la delicada situación de la Justicia”.
Por estos motivos, los abogados colegiados insistieron “en la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar el servicio de Justicia”, a través de una coordinación entre los poderes que forman parte de la discusión.
Al respecto, afirmaron que “nuestra institución valora que el Poder Ejecutivo provincial autolimite sus facultades constitucionales para la designación de los jueces; pero esa autolimitación, para ser verdadera, además de brindar participación a los sectores directamente comprometidos con la actividad, debe mostrar un funcionamiento correcto y eficiente, acorde con la importancia y significación institucional que tiene el Poder Judicial”.
Asimismo, puntualizaron que “ante las demoras evidenciadas en dar cobertura a las vacantes de la Justicia, en reiteradas oportunidades planteamos con los demás Colegios de la Provincia -hasta ahora infructuosamente- la necesidad de cambiar el funcionamiento del denominado Consejo de la Magistratura”.
Por eso, se posicionaron junto a los magistrados: “El tiempo ha sido inexorable y al cabo de cinco años los resultados siguen siendo magros, desvirtuándose así la naturaleza propia del sistema. Un servicio de Justicia cuyo funcionamiento no sea el óptimo afecta la convivencia social, porque la Justicia es el último y más preciado bastión del ciudadano para protegerse de las ilicitudes y de los desbordes del poder”.
Respaldando a los jueces, aseveraron que “si bien en algunos casos nos hallamos con coberturas transitorias, las subrogancias tienen visos de precariedad, pues generan una situación de incertidumbre que no es la deseable para cumplir libremente tan trascendental función”.
Los letrados entendieron que “la gravedad de la perdurabilidad de las vacantes es indiscutible, ocasionando problemas al Juzgado sin titular y a otros jueces que deben dedicar parte de su tiempo para tomar a su cargo algunas de las labores del Juzgado en crisis, tiempo que, obviamente, le quitan a sus propios Juzgados, alimentando así el flagelo de la mora judicial, que opera en directo perjuicio de la comunidad”.