El bloque del PJ de la Legislatura santafesina no quiere aprobar varios de los candidatos a defensores propuestos por el Ejecutivo santafesino. Se trata de cargos que cumplen una función fundamental para el nuevo sistema del fuero Penal.
La Justicia y el Ejecutivo en Santa Fe están pasando por un momento difícil de su relación. Además de los cruces entre el ministro de Justicia, Juan Lewis, y los magistrados de la provincia que le endilgaron la culpa por la falta de previsión de delitos, hay que sumar las fuertes críticas realizadas en torno al sistema de selección de jueces.
Ahora, el conflicto se trasladó al ámbito legislativo, donde el justicialismo, que tiene la mayoría desde las últimas elecciones, se opone a aprobar cinco pliegos pertenecientes a defensores cuyos cargos resultan fundamentales para llevar a cabo la transformación al nuevo sistema Penal propuesto por el Ejecutivo.
Los postulantes fueron, de acorde a las previsiones establecidas por Ley en Santa Fe, enviados por el Gobierno de la provincia, y ahora nadie sabe cómo concluirá la sesión en donde se debatirá la incorporación de los defensores al Poder Judicial.
Así, si no se aprueban los cinco cargos de los 14 propuestos, se pone en riesgo el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, que debía entrar en vigencia a partir del año que viene.
De esta forma se frustró la Asamblea Legislativa en la que se iban a aprobar los pliegos, prevista para el jueves pasado. El miércoles, cuando Ricardo Kauffman (PJ), presidente de la Comisión de Acuerdos, empezó con las entrevistas, se dieron los primeros cuestionamientos. A partir de eso, se postergó el encuentro por siete días.
Entre las críticas expresadas por los bloques justicialista y de peronismo federal, se encuentran los señalamientos realizados a las muy malas impresiones dejadas por dos de los entrevistados y el hecho de que los otros tres impugnados también trabajaran como funcionarios del Ministerio de Justicia.
En este sentido, es dable aclarar que no está prohibido ejercer ambos cargos, pero los impugnantes entendieron que el hecho de que trabajen para un órgano del Ejecutivo podía significar que hubo cierto favoritismo en su elección.
Asimismo, los legisladores señalaron que habían acordado con el Ejecutivo santafesino que no se enviarían pliegos de funcionarios que trabajasen actualmente para el gobierno provincial.
Pero, de todas formas, también hubo vistos buenos y algunos de los candidatos fueron calificados como sumamente aptos y “brillantes”. Entre los próximos lunes y martes, los representantes de la oposición legislativa pedirán al Ejecutivo que los pliegos señalados sean retirados de la terna enviada por el Ejecutivo provincial.