Es según un informe de Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública de la Procuración General realizado junto a varias Ong. “Una gran parte del tiempo que insume la tramitación de la causa se genera consecuencia de la actividad que desarrollan las defensas”, consigna el trabajo.
La Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) de la Procuración General de la Nación, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) realizaron un relevamiento en “grandes causas por corrupción” que le permiten sostener que las causas por corrupción demoran 11 años.
Se trata de un informe realizado a partir del relevamiento de 21 grandes causas por corrupción en el que se consigna que de los 21 expedientes relevados, sólo 3 tuvieron juicio (oral o abreviado), en otros 3 se declaró la prescripción por violación al plazo razonable en la etapa oral y en los restantes no ha habido resolución hasta el momento de finalización del estudio.
Por lo que, los datos permiten sostener que “sobre el total de 21 causas relevadas, se desprende que el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años”.
El informe sostiene que “una gran parte, sino la mayor, del tiempo que insume la tramitación de una causa penal por hechos de corrupción, se genera a raíz o como consecuencia de la actividad que desarrollan las defensas”, por lo que “es responsabilidad de los operadores judiciales evitar las dilaciones manifiestamente improcedentes impulsadas por las partes”.
Entre sus conclusiones, el informe también consigna que “sería necesario e imperioso que los titulares de la jurisdicción logren el equilibrio justo en debido resguardo del derecho de defensa en juicio y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
“Más allá de lo dicho respecto a la actividad desplegada por las defensas y la necesidad de que jueces y fiscales rechacen firmemente los planteos que se presentan como claramente dilatorios, se torna imperioso que los operadores judiciales refuercen sus estrategias y mecanismos de investigación y articulen de manera eficiente los recursos especializados que ofrecen los diversos ámbitos de la administración para agilizar y mejorar este tipo de investigaciones”, agrega.
Asimismo destacan que “carecería de exactitud señalar que solamente la inactividad jurisdiccional es la responsable de las dilaciones en el juzgamiento de este tipo de hechos que trae, entre otras consecuencias, las prescripciones masivas que vienen ocurriendo”.
En los últimos días se conocieron estudios realizados por ONG como el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en donde indicaron que, en promedio, la investigación de un hecho de corrupción demoraba más de 14 años.