Los diputados provinciales avanzaron con el debate sobre la creación de la figura del defensor oficial de la Niñez y la Adolescencia. A su vez, se dio media sanción a un proyecto que prevé la creación de un Observatorio Provincial de Derechos Sexuales y Reproductivos.
La última semana registró una gran cantidad de encuentros e iniciativas entre los integrantes de la Cámara Baja bonaerense. Entre otras cuestiones, el pleno de los legisladores dio media sanción a la creación del Observatorio Provincial de Derechos Sexuales y Reproductivos, un proyecto presentado por Mónica López (Unión Celeste y Blanco). Ahora, el debate será dado en el Senado provincial.
López afirmó que "estamos promoviendo acciones para sistematizar información y avanzar con políticas correctivas que permitan mejorar la calidad de atención relacionadas con el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual".
En líneas generales, la idea de la medida es monitorear, producir y recolectar datos e información sobre las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la salud reproductiva y la procreación responsable de la población, así como “también la identificación de las causas de la morbi-mortalidad materna, el embarazo adolescente y las enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva”.
El organismo estará integrado por profesionales de diferentes áreas, como abogados, médicos, entre otros. La idea surge en que los trabajos sean realizados de forma interdisciplinaria para arribar a soluciones concretas frente a las problemáticas que puedan enfrentar en términos de derechos sexuales los ciudadanos bonaerenses.
Por otra parte, una de las deudas de la administración de Justicia de Buenos Aires es relativa a la defensa de los menores de edad. Por eso, y en orden a una iniciativa que tomó estado parlamentario en julio del año pasado, los diputados bonaerenses comenzaron a debatir la creación de la figura del defensor oficial de la Niñez y la Adolescencia.
Natalia Gradaschi (Nuevo Encuentro), creadora del proyecto, afirmó que “necesitamos implementar el derecho de los niños a ser escuchados en un proceso judicial, un registro de inscripción de abogados especialistas en esta problemática y que esta estructura sea solventada por el estado provincial, teniendo en cuenta que es una función indelegable el velar por los derechos de sus niños y jóvenes”.
Entre los fundamentos, Gradaschi puso de manifiesto que “las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia son cotidianas, aunque no tengan la difusión ni la prensa que otros hechos de violencia e inseguridad muestran en los medios”.
“Bien lo saben las madres y padres del conurbano que en permanente soledad y contando solo con la solidaridad de sus iguales, recorren los pasillos de los Tribunales buscando una justicia cada vez más inalcanzable”, consigna el texto de la normativa en cuestión.
En un tono progresista, agrega que “los pedidos de mano dura, o tolerancia cero, sumatorias de penas y otros engendros de este tipo aparecen como la panacea con que algunos de los voceros de la "gente de bien" que hoy se preocupa por "su seguridad" y " los derechos humanos de los ciudadanos de bien y no de los delincuentes" pretende ocultar lo que es fruto de la situación socioeconómica que sufren los sectores carenciados y marginados de nuestra provincia”.