Desde los colegios de abogados y magistrados de Buenos Aires se manifestaron serias críticas al proyecto de Ley de reforma del Consejo de la Magistratura provincial, que ya cuenta con media sanción del Senado. Diario Judicial dialogó con el secretario de la institución que nuclea a los letrados, Fernando Levene, para saber cuáles son los puntos más discutidos.
“Nosotros atacamos al proyecto porque viola de manera expresa la Constitución provincial, específicamente el artículo 175, en el que los constituyentes tuvieron en cuenta que la conformación del Consejo tenía que contar con una participación equilibrada del estamentos de los colegios de abogados y magistrados y del poder político”, afirmó a Diario Judicial Fernando Levene, secretario del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA).
El integrante del órgano que colegia a los letrados bonaerenses explicó de esta forma la posición contraria de parte de la institución al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que ya cuenta con media sanción del Senado provincial.
La iniciativa levantó una polémica generalizada. No solo los abogados se manifestaron en contra. También hubo adhesión desde la magistratura y desde entidades nacionales de gente de Derecho, así como el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF).
En este orden, Levene explicó que “limitar de cuatro a dos la representación de los letrados va en contra del mismo espíritu de la Constitución provincial. Por otra parte, la iniciativa contempla que la elección de los abogados va a ser directa, lo que implica una contradicción con la normativa constitucional que establece que los representantes de los profesionales podrán llevar a cabo esta tarea”.
Entre otras cuestiones, el secretario destacó que “a grosso modo estas serían las críticas fundamentales, pero hay otros aspectos pormenorizados que tuvimos en consideración. Por ejemplo, no se exige a los representantes legislativos que sean abogados. Entendemos que esta previsión no tiene ningún tipo de asidero, si hay que evaluar la calidad de una persona para formar parte del Poder Judicial hay que, indefectiblemente, saber de Derecho”.
Asimismo, el letrado explicó la posición de los colegios: “Consideramos que esto, en definitiva, es una violación abierta de la Constitución provincial. Se busca que tanto los jueces como los abogados seamos desplazados de la selección de los candidatos a jueces, para de esta manera lograr una mayor injerencia política en ese proceso”.
Siguiendo esa línea de razonamiento, recordó que la reforma constitucional de 1994 buscó lograr el “equilibrio y la independencia del Poder Judicial. El nuevo sistema venía a representar estas cuestiones y daba por tierra al anterior sistema, que estaba relegado al arbitrio del poder político”.
“Se está afectando a la sociedad, dado que son los jueces seleccionados por el Consejo los que finalmente decidirán sobre los conflictos que ocurren a diario y que llegan hasta la Justicia”, concluyó Levene.
Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires afirmaron, en un comunicado, que “la creación de un Consejo de la Magistratura encargado de nombrar a los Magistrados tuvo entre sus objetivos fundamentales evitar que fuera el poder político quien llevara adelante la selección y la designación de esos funcionarios sin contar con otros estamentos balancearan sus decisiones”.
Los magistrados consignaron, a su vez, que “el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires lleva 15 años funcionando sin que su desempeño haya motivado severas críticas que ameriten una intervención urgente, lo que no significa que no puedan y deban ser revisadas cuestiones estructurales y funcionales de esa institución, entre otras, como ya ha expresado este Colegio en más de una ocasión, la sobrerrepresentación del poder político”.
Para hacer frente a estos argumentos, el senador bonaerense Jorge Ruesga (FpV) afirmó que “este proyecto no entorpece la independencia del Poder Judicial, todo lo contrario; nosotros somos consientes que este proyecto apunta a darle mayor transparencia, mayor publicidad a la designación de los magistrados y los somete a criterios para el puntaje y la designación”.
En ese orden, Ruesga enfatizó que la reforma “fue discutida y debatida por todos los sectores, buscando el equilibrio en la constitución del Consejo de la Magistratura y vuelvo a repetir, para hacer un análisis de un proyecto de ley que tiene media sanción hay que verlo en todo su concepto general”.
También aseveró que se trata de un “proyecto equilibrado, que apunta a la transparencia de la designación de los jueces, a la publicidad en la designación de estos y que establece temas centrales, como por ejemplo que los abogados son elegidos por el voto directo. A partir de esta ley todos los abogados de la provincia van a poder elegir a sus representantes de modo directo al Consejo”.