En el último Plenario del año se firmó un acuerdo con dos editoriales jurídicas privadas para incluir las suscripciones para los años 2013 y 2014. Los contratos habían sido cortadas previo a la feria judicial de invierno. Los detalles.
Tras un conflicto que duró varios meses, en su último Plenario del año el Consejo de la Magistratura finalmente firmó un acuerdo con las dos editoriales jurídicas privadas que se encuentran entre las más importantes del país: La Ley y Abeledo Perrot. Las suscripciones habían sido cortadas previo a la feria de invierno.
Previo a la feria de invierno el organismo había cortado todos los contratos con las editoriales jurídicas que tenía el Poder Judicial, entre las que se podían ver a Errepar, La Ley, Abeledo Perrot, El derecho y algunos servicios de Rubinzal, entre otros, todos los servicio que le implicaban al Poder Judicial una erogación anual aproximada de 7 millones novecientos treinta y cinco mil pesos.
En el último Plenario del año el organismo finalmente decidió firmar con dos de las editoriales que se encuentran entre las más importantes del país. Mario Fera, presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, y sobre quien recaían las responsabilidades sobre las negociaciones, pidió al pleno “autorización para la contratación directa”.
En su explicación, el consejero representante de los magistrados, sostuvo que se había logrado un precio “conveniente” para el 2013 y 2014 con las editoriales jurídicas La Ley y Abeledo Perrot. El consejero-diputado Carlos Moreno, uno de los principales impulsores de la “democratización” del servicio, explicó que existía un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia que “incorporaba una denda al Poder Judicial” que resulta beneficiosa. Se aclaró que se tendrá “acceso gratuito a la biblioteca digital de los textos que tiene la Ley” por ejemplo.
Así termina, por el momento, una historia que comenzó en marzo de este año cuando la Comisión de Administración y Financiera del Consejo se disponía a aprobar el expediente 13-18260/11 que incluía las suscripciones a las editoriales jurídicas privadas. En ese momento el consejero-diputado Carlo Moreno planteó la necesidad de dar una “discusión de fondo” sobre estas contrataciones y bregó porque a las publicaciones “tengan acceso en general la población”, “no sólo jueces” sino también estudiantes de derecho.
Los reclamos de Moreno fueron escuchados por varios consejeros y culminaron en abril de este año cuando la Comisión decidió frenar todas las suscripciones a editoriales jurídicas. Las discusiones continuaron. En mayo del 2012 se autorizó, la prórroga del servicio de suscripciones para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 13 de julio –previo a la feria judicial de invierno-.
Asimismo, se encomendó la conformación de un Comité, “para evaluar las contrataciones y determinar el mantenimiento o no de los servicios actuales”, así como la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia para utilizar los servicios del renovado INFOJUS (Sistema Argentino de Información Jurídica).
Convenio que finalmente se firmó en junio de este año y que tiene por objetivo, tal y como consigna, “facilitar el intercambio de información, promoviendo la difusión de actividades y servicios prestados por S.A.I.J./INFOJUS, a fin de procurar el acceso igualitario a la información jurídica”. Ahora, el organismo culminó el año firmando con dos de las editoriales.