Diversos organismos de Derechos Humanos y defensores públicos solicitaron a la Corte bonaerense que declare la inconstitucional de la ley aprobada en diciembre que reformó el sistema de excarcelaciones en casos de portación ilegítima de armas de fuego.
La Comisión por la Memoria, el CELS, el CIAJ, CEPOC y defensores públicos de la provincia de Buenos Aires cuestionaron la reforma del sistema de excarcelaciones en casos de portación ilegítima de armas de fuego por “violar la Constitución Provincial y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Por ello, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), la declaración de inconstitucionalidad de la Ley aprobada el 13 de diciembre del año pasado, y que se suspendan sus efectos hasta tanto se resuelva la discusión constitucional.
Según explican las organizaciones en un comunicado “la ley fue promovida por el Gobernador Daniel Scioli con la justificación de que permitirá controlar la circulación de armas de fuego y, como consecuencia, reducir los delitos más violentos”.
“Los problemas de constitucionalidad de la nueva ley son síntoma de una política de seguridad que apuesta a la demagogia punitiva. Nuevamente, el poder político procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales con pobres resultados en materia de prevención y reducción de la violencia”, explicaron.
“Esta nueva ley no impactará sobre el mercado ilegal de armas ni reducirá la violencia” consignaron y aseguraron que “es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego”. “En términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales”, explicaron.
“En contradicción con lo que se sostiene públicamente, esta ley profundizará la lógica de trabajo policial, que redunda en detenciones ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos, ejecuciones”, denunciaron.
Asimismo, consignaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables porque eso implica atribuirse funciones judiciales”.
“Para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo, sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas”, consigna el comunicado difundido.
Y concluyeron: “Las respuestas simbólicas de este tipo, además de alimentar la retórica, tienen un impacto muy profundo en los barrios populares, que son los que sufren la persecución y el hostigamiento policial, mientras los dueños de los negocios circulan libremente. Alimentar la demagogia punitiva tiene altos costos sociales, aunque pueda verse como una táctica política beneficiosa en el presente”, consignaron.