Se trata de una iniciativa que se encuentra en análisis entre la Corte de Justicia de Salta y el Ministerio de Seguridad provincial. Busca rehabilitar a las personas imputadas con problemas de adicciones a las drogas o al alcohol. Los detalles de las primeras conversaciones.
El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Posadas, y el Ministro de Seguridad de la Provincia, Eduardo Sylvester, comenzaron a analizar la implementación de un sistema judicial para el tratamiento de drogas en la provincia, tal y como lo consigna un decreto del Poder Ejcutivo.
La reunión fue realizada este martes y busca poner en marcha un sistema a nivel local tomando experiencias en otras jurisdicciones denominadas “Tribunales de Tratamiento de Drogas”. Ello, en los términos del decreto 2172/12.
Desde el máximo tribunal provincial informaron que el año pasado Posadas, junto con los Jueces de Corte Guillermo Catalano y Abel Cornejo “analizaron en Chile la implementación de este sistema”.
El objetivo principal de estos tribunales de tratamiento es la rehabilitación de imputados con problemas de adicciones a las drogas o al alcohol. Se trata de “Tribunales que surgieron primero en Estados Unidos y la experiencia pasó luego a otros países”, informaron.
En concreto “funcionan como programas dentro de los tribunales permitiendo la derivación para rehabilitación utilizando mecanismos de sanciones e incentivos” y se encuentran compuestos por “profesionales del área de salud, cuya actuación es permitida por el Juez, con el apoyo de fiscales y abogados defensores teniendo como objetivo la recuperación del individuo y su reinserción social”.
En la reunión también participaron, además de Posadas y Sylvester, los Jueces de Corte salteña, Catalano y Cornejo, y el Director Ejecutivo de la Agencia Antidrogas de la Provincia, Néstor Ruiz de los Llanos.
“El funcionamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas está dirigido a infractores cuyos delitos están relacionados con el consumo de estupefacientes, buscando reducir el índice de reincidencia. El tratamiento, en la experiencia chilena, se desarrolla bajo supervisión fiscal”, explicaron desde el máximo tribunal provincial.
Con respecto a la experiencia chilena, destacaron desde la Corte de Justicia, que en aquel país “el acceso al programa se realiza previa suspensión condicional del procedimiento para lo cual es necesario el acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público” y “si la suspensión condicional es cumplida satisfactoriamente por el imputado tras el período estipulado (delitos con penas inferiores a los tres años de prisión), el caso se sobresee definitivamente. Si el imputado comete un nuevo delito durante el período, se revoca la suspensión condicional”.