Brevatas

Acumulan acciones contra la Guía de Abortos no Punibles de Salta

La Corte de Justicia de Salta dispuso la acumulación de las dos acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el decreto provincial 1170/12 y la resolución ministerial conjunta 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y 797/12 del Ministerio de Salud Pública que aprobó la “Guía de procedimientos para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles” de la Provincia. Según informaron desde el máximo tribunal provincial “la acumulación se dispuso en la modalidad de cuerda separada, para ser resueltas en forma simultánea. Esto en base a la conexidad existente entre las dos cuestiones planteadas”. Las acciones de inconstitucionalidad son dos: Una promovida por Irene Cari en su carácter de presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Asociación Civil de Mujeres y la Defensora Oficial Civil 4, Natalia Buira y la otra por Francisco Durand Casali, por propio derecho.

La UIF estableció nuevos procedimientos para casos de lavado de dinero

Se publicó en el boletín Oficial la Resolución 50/13, mediante la cual la Unidad de Información Financiera (UIF), estableció "medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo". Entre las nuevas obligaciones, se destacaron la elaboración de un manual "que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad", la designación de un Oficial de Cumplimiento y la implementación de auditorías periódicas. 

Amparo para controlar a los perros

Jorge Serra, juez en lo Civil, Comercial y de Minería de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, hizo lugar a una acción de amparo para que se lleve a cabo un mayor control de los perros, tanto callejeros como de familias. Cambió la carátula y brindó el carácter definitivo a la causa: Amparo Colectivo en defensa de la Salud Pública. En este sentido, el trámite pasó a una instancia colectiva porque el magistrado entendió que se ponían en juego intereses generales. "En efecto, la eventual existencia de rabia en esta ciudad y las medidas que en su caso corresponda adoptar por parte de la Municipalidad de Bariloche, exceden el mero "interés" de los amparistas en tanto que se encontraría en juego la salud de toda una población", consignó el juez.