El debate acerca de la “democratización de la Justicia” llegó a límites concretos: las propuestas acerca del pago de Impuesto a las Ganancias para magistrados y funcionarios judiciales comenzaron a presentarse en legislaturas y organismos de los poderes ejecutivos en todo el país. Por supuesto, esto también trajo sus consecuencias y desató una polémica en torno a las obligaciones de la Justicia argentina.
En este marco, la Procuración General de la Nación envió a la Corte Suprema un oficio en el que proponía “examinar de manera conjunta la manera de proceder para la implementación del pago del impuesto a las ganancias” por parte de jueces y de otros funcionarios judiciales. Esta situación despertó la inquietud de los fiscales.
Por eso, los integrantes de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN) se reunieron con la procuradora general Alejandra Gils Carbó. El encuentro que ameritó un comunicado de la organización en el cual se mostraron disconformes por el posicionamiento de parte de la titular del Ministerio Público Fiscal.
En la declaración, el presidente de la AFFUN, Carlos Donoso Castex, expresó: "La Asociación que me toca presidir seguirá defendiendo firmemente el criterio contrario a tal iniciativa como ese ha hecho históricamente con fundamentos legales, en forma uniforme, desde su creación".
Al mismo tiempo, aclaró que Gils Carbó consignó que "no adoptaría ninguna decisión en forma unilateral que implique colocar a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público fiscal en peor condición laboral que nuestros pares del Poder Judicial".
"A su vez, me manifestó que era su intención que tanto la Procuración, como la Asociación de Fiscales pudieran mantener conversaciones conjuntas con el Poder Judicial de la Nación, donde se pudieran exponer los distintos criterios, escuchando las distintas opiniones sobre el particular, intentando lograr consensos", explicó el presidente de la AFFUN.
La disputa también tiene que ver con la equiparación salarial entre jueces y fiscales, un tema que la Corte evitó discutir con Gils Carbó, tal como era su pedido. En este orden, desde el Máximo Tribunal nacional aclararon que la acordada que establece la exención del pago del gravamen solo alcanza a los magistrados y no a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y que desde hace meses, antes de que planteara el tema la Procuradora, vienen trabajando sobre la cuestión.
dju
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