La Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteña declaró inconstitucional el decreto mediante el cual se dispuso la creación de Unidades de Atención Ciudadana (UAC). Se trata de dos amparos presentados por legisladores, comuneros y vecinos.
Víctor Trionfetti, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad, declaró inconstitucional el decreto 376/11 que dispone la creación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) en el ámbito de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad.
Se trata de las causas “Cabandie Juan y otros contra GCBA sobre amparo (ART. 14 CCABA)” y “Brunel Raul Marcelo y otros contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” donde el magistrado entendió que la norma se opone a leyes locales, la Constitución de la Ciudad y derechos consagrados convencionalmente.
En los fallos, fechados el 18 de abril pasado, se declara la inconstitucionalidad del decreto ya que la norma revive, “bajo la figura de las UAC”, a los CGPC (Centros de Gestión y Participación Comunal), desentendiéndose “de cualquier tipo de coordinación con las comunas”.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de la Ciudad, Víctor Trionfetti, resolvió el último 18 de abril, declarar la inconstitucionalidad del Decreto N° 376/11. El mismo disponía la creación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) en el ámbito de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad.
Para ello, el magistrado consideró que el decreto “interfiere” con el proceso de descentralización dispuesto en la ley 1777, que regula las normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, según lo establecido en la Constitución de la Ciudad. Es decir sobre “un aspecto basal de lo que constitucionalmente corresponde entender por Comuna”.
Con la superposición de funciones entre las UAC y las Comunas, para el juez, “se lesionan pautas constitucionales en materia presupuestaria y se interfiere con la puesta en marcha del proceso comunal en la descentralización de funciones de control”, además de violentarse “aspectos de la participación democrática de los vecinos”.
“La creación de las UAC se realiza en forma manifiestamente inconsulta, sin participación de los vecinos, ni de las organizaciones barriales”, explica el magistrado en las resoluciones.
En febrero de este año, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ya había declarado la ilegitimidad de la normativa en cuestión, en un amparo iniciado por el legislador Rafael Gentilli.
Por todo ello, el magistrados hizo lugar a la acción intentada y declaró inconstitucional el decreto 376/11 del Poder Ejecutivo de la Ciudad.